Subjefe de Fuerza Pública en Heredia utilizaba patrullas para asuntos personales; fue sentenciado a tres años de prisión
Sujeto no irá a la cárcel porque el Tribunal concedió al exfuncionario el beneficio de ejecución de la pena
10/11/26 | 08:43am
Un subjefe de la Fuerza Pública de la delegación de Flores en Heredia, de apellido Solís, fue sentenciado a tres años de prisión por utilizar las patrullas para asuntos personales.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción logró acreditar en el proceso que el sujeto de apellidos Solís Blanco cometió tres delitos de peculado de uso, lo que desencadenó la pena de tres años, mismo periodo por el cual no podrá ejercer cargos públicos.
De acuerdo con la información, pese a la condena, el exfuncionario no irá a prisión, debido a que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, lo que representa que durante el plazo establecido (tres años) estará en libertad, pero la persona no podrá cometer un nuevo delito.
“La Fiscalía logró comprobar que el exjefe policial utilizó en tres oportunidades recursos del Ministerio de Seguridad Pública para atender asuntos de carácter personal, como el traslado en una unidad policial a una reunión privada en un hotel ubicado en Santo Domingo de Heredia, ser recogido en su casa, en Alajuela, y desplazarse hasta su vivienda para recoger unos lentes de uso personal”, describió el Ministerio Público.
Tras analizar los hechos que fueron denunciados desde el año 2024, se determinó que los hechos correspondieron a “un desvío de bienes y servicios públicos respecto de la finalidad para la cual fueron asignados, vulnerando los deberes de probidad, legalidad y la correcta administración de los recursos estatales. Asimismo, el órgano estimó que el acusado se aprovechó de su posición jerárquica para disponer de oficiales subordinados en actividades ajenas al servicio público”.
Los mismos hechos también representaron consecuencias a nivel civil, ya que durante el proceso se logró acreditar que las acciones provocaron un daño social al generar un daño a la imagen institucional y credibilidad del Ministerio de Seguridad Pública.
También se determinó que las acciones provocan un daño en la confianza de la ciudadana en la función policial.
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Por esta razón se declaró con lugar la demanda civil resarcitoria promovida por el estado y se condenó a Solís Blanco al pago total de ¢4,3 millones.
Este monto se divide en ¢3 millones por concepto de daño social, ¢600 mil por costas personales, ¢726 por honorario profesionales de la querella y además se debe sumar el costo de los intereses legales que corresponden tras finalizar el proceso.
“La Fiscalía señaló que la sentencia reafirma que el uso de vehículos oficiales y personal subordinado para fines particulares configura el delito de peculado de uso, aún cuando no exista apropiación definitiva de los bienes públicos, pues basta la utilización indebida de recursos del Estado en beneficio propio”, señalaron en el Ministerio Público tras concluir el proceso que se tramitó en el expediente 24-000005-1880-PE.