Ante solicitud de aprobar ¢7 mil millones para construir “megacárcel”, diputados critican "confidencialidad" en planificación del proyecto

Un total de ¢7.870 millones (40% de la inversión total del proyecto) solicitó el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, a los diputados aprobar para apoyar la construcción del llamado "Centro de Alta Contención de Criminalidad", a través de la reasignación de partidas provenientes de diferentes instituciones.

No obstante, el jerarca admitió que temas relacionados con permisos, estudios técnicos, evaluaciones ambientales, análisis de impacto y otros han sido clasificados como "confidenciales" por parte del Ministerio de Planificación (Mideplan) y de "seguridad nacional" por el Ministerio de Justicia.

Esto generó críticas en la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, quienes recibieron este martes en audiencia al funcionario en el marco del análisis de la segunda modificación al presupuesto nacional 2024, que se tramita bajo el expediente No. 25.137.

Lücke indicó que "el Ministerio de Justicia ha venido desarrollando acciones estratégicas para alcanzar un nivel de madurez técnica para que esto (la cárcel) en efecto se desarrolle este año con estos recursos", incluso indicando que ya se encuentra en revisión preliminar en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

No obstante, consultas sobre temas afines con la licitación, ejecución presupuestaria, costos anuales, entre otros, indicó son de rebote de la cartera rectora en materia de Justicia.

La jefa de fracción de Gobierno, Pilar Cisneros, defendió el proyecto aseverando que el mismo tendrá un costo 50% por debajo de la inversión de "lo que nos han costado todas las cárceles construidas", así como que su costo operativo es mucho más bajo que el actual, tomando como insumo declaraciones del ministro Gerald Campos.

En ese orden, Cisneros exhortó a los diputados a aclarar todas sus dudas con el jerarca de Justicia y Paz este miércoles 13, día en que está programada su comparecencia en dicho foro legislativo.

Por otra parte, varios legisladores también llamaron la atención de cortes presupuestarios a programas sociales y a carteras sensibles como Seguridad y Comercio Exterior.

"Sabemos que es necesario tener cárceles, pero no se puede vestir un santo desvistiendo otro, y aquí estamos haciendo esto, quitándole la plata a Seguridad Pública para hacer una cárcel, y además una que no tenemos claridad de cómo la van a hacer", enfatizó la presidenta del foro legislativa, Paulina Ramírez.

Los diputados acordaron fijar el 1 de septiembre como fecha para emitir un informe sobre esta modificación presupuestaria.