Solicitan a CIDH reforzar medidas cautelares de protección a activista indígena tico tras presunta invasión de tierras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció una petición para reforzar las medidas cautelares aceptadas desde el 2015 en favor del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, tras una aparentemente invasión de terreno, ante lo que se alegó un "riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física".

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando al parecer dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad de Sibar, presuntamente alegando respaldo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba.

Asimismo, se denunció que la Fuerza Pública se habría negado realizar una gestión de desalojo en amparo de una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, dirigida a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán, indicándose un posible fraude del documento, según reza un comunicado de prensa.

“Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos", expresó el líder indígena.

Ante la situación, el lunes Sibar acudió ante la Fiscalía para denunciar a la Junta Directiva de la ADI por la emisión de la certificación aparentemente ilegal, así como el ingreso que calificó de "usurpación".

No obstante, una funcionaria de apellido Araya le indicó que tal despacho judicial no podía intervenir, siendo que debía acudir al proceso ordinario agrario.

Más tarde, el afectado acudió al Juzgado Agrario a interponer la demanda, siendo informado de que "la persona usurpadora" había puesto una demanda en su contra, al tiempo de que le indicaron que no hay Defensores Públicos en el cantón de Buenos Aires, circunstancia que retrasaría la asignación.

"Cualquier acto contra la integridad física y vida que pueda sufrir el defensor Pablo Sibar y cualquiera de los defensores indígenas que le acompañan será responsabilidad del Estado costarricense", indica la petición de reforzamiento de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.