El Salvador deberá garantizar normativa ante “embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer”, ordena Corte IDH por caso Beatriz

Una historia de más de una década llegó a su fin este viernes con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Beatriz y otros Vs. El Salvador, luego de encontrar responsable a este país por "violencia obstétrica y violaciones a la salud, al acceso a la justicia, a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a vivir una vida sin violencia, en perjuicio de Beatriz, así como la violación al derecho a la integridad personal en prejuicio de sus familiares".

Este caso, que ingresó a este órgano del sistema interamericano en enero del 2022, se relaciona a violaciones a los derechos de esta mujer y a su familia por las restrictivas políticas de la nación salvadoreña en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual impidió la posibilidad de acceder a este procedimiento de manera temprana y oportuna ante riesgo de su vida, salud e integridad personal.

Por cinco votos a favor y uno parcialmente en contra el alto tribunal resolvió que "el estado adoptará todas las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. El Estado puede cumplir con esta medida a través de la adecuación de los protocolos existentes, la emisión de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice seguridad jurídica en la atención de situaciones como las del presente caso".

La Corte ordenó además el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, por reintegro de costos y gastos, así como al fondo de asistencia legal.

Otras de las medidas que El Salvador deberá adoptar es brindarle a la familia de la víctima atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita, así como elaborar un plan de capacitación para el personal médico y judicial que tenga que ver casos relacionados con este tema.

En un plazo de un año, el estado salvadoreño deberá informar al alto tribunal el avance en lo señalado en la sentencia.

Un aspecto que se aclaró en la sentencia es que los jueces no les correspondía pronunciarse sobre el derecho a la vida en este caso.

"La Corte estimó que no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar la atención de vida de Beatriz, desde el punto de vista médico, por lo tanto, la Corte consideró que en el presente caso, no correspondía pronunciarse sobre el derecho a la vida vinculado a presuntos riesgos para la vida generados por las decisiones u opiniones médicas per se", indicó el vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch.

La Corte estuvo compuesta por la costarricense Nancy Hernández, presidenta del órgano; Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Verónica Gómez (Argentina) y Patricia Pérez Goldberg (Chile). Esta última solicitó su inhabilitación para conocer el caso debido a que padece de una enfermedad que durante el embarazo puso en riesgo su vida y le generó una discapacidad permanente, por lo que argumentó que ante este hecho, y declaraciones que ha dado en el pasado, se podría ver comprometida su imparcialidad y la del alto tribunal.

El caso

Beatriz (nombre ficticio para proteger la identidad de la denunciante) tenía 20 años y vivía en pobreza extrema en la comunidad de La Noria de Tierra Blanca, municipio de Jaquilisco. Había sido diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistemático, enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca erróneamente el tejido sano y puede afectar articulaciones, la piel y otros órganos. Producto de esta enfermedad había desarrollado nefropatía lúpica (que afecta los riñones) y artritis reumatoidea.

En julio del 2011 queda embarazada por primera vez, debido a esta condición estuvo hospitalizada en dos ocasiones debido a anemia y complicaciones relacionadas con su padecimiento. El 2 de marzo del 2012 entra en labor de parto, el cual se complicó producto de una preeclampsia. Tuvo a su hijo mediante cesárea y este sobrevivió durante 38 días internado.

Debido a sus padecimientos y las complicaciones que tuvo durante la gestación, en mayo del 2012 un médico le indicó que un nuevo embarazo sería de alto riesgo y fue citada para una esterilización quirúrgica para ese mismo mes. Beatriz declinó asistir por temor y por la posibilidad de que en el futuro deseara tener hijos.

Fue en febrero del 2013 cuando supo que tenía 11 semanas de gestación, proceso de alto riesgo. Un mes después se diagnosticó una malformación congénita del feto con anencefalia (ausencia de gran parte del cerebro y cráneo), condición incompatible con la vida extrauterina. Además, el reporte médico advirtió que de continuar con el embarazo había probabilidad de que Beatriz muriera.

En El Salvador el aborto es completamente prohibido, incluso en situaciones como violaciones, inviabilidad del feto o riesgo de muerte de la gestante, por lo que Beatriz acudió a la Sala Constitucional de ese país para pedir mediante un amparo que se le permitiera interrumpir su embarazo ante el peligro de perder la vida. Finalmente, se rechazó el recurso aduciendo que "no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud" de Beatriz.

El 3 de junio del 2012, la mujer inicia labor de parto y se le practicó una cesárea para extraer el feto anecefálico que murió cinco horas después.

Cabe mencionar que Beatriz falleció en 2017 producto de un accidente de tránsito.

La defensa de la joven aduce que en este caso confluyeron factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación debido a sun condición de pobreza y por ser mujer. Se solicitó ante la Corte IDH que se declare al estado de El Salvador como responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

¿Tiene vinculación con Costa Rica?

Diversos movimientos sociales y políticos conservadores en Costa Rica han utilizado el caso Beatriz para impulsar señalamientos contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que se busca imponer el aborto libre entre los países miembros del sistema. Incluso se llegó a sugerir la separación del país con este órgano.

El secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, explicó el pasado 6 de diciembre en el programa Nuestra Voz que no se trata de un caso que involucre a Costa Rica ni se trata de aborto libre.

"Yo he leído en diferentes redes sociales, medios, que este es un caso de aborto libre, que la Corte va a legislar sobre el aborto libre para América Latina. Este no es un caso de aborto libre, este es un caso de una mujer salvadoreña", aclaró Saavedra.

Hay que recordar que el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica ya define los alcances del también conocido como aborto terapéutico, en el cual se establece que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios". Fuera de esta excepción, la interrupción del embarazo es castigada con prisión de uno a tres años en contra de la persona gestante.

En la Asamblea Legislativa el Partido Nueva República impulsó una moción que pedía al Gobierno denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos como primer paso para promover la salida del país de la Corte IDH. Este planteamiento fracasó tras el rechazo de la mayoría de legisladores.

No es la primera vez que se sugiere la salida de Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos. Durante la campaña presidencial del 2018, el entonces candidato Fabricio Alvarado basó parte de sus promesas en este planteamiento debido a la opinión consultiva que permitió el matrimonio igualitario en el país. El actual legislador fue uno de los impulsores del reciente intento.

Costa Rica es sede de la Corte IDH desde su fundación el 3 de septiembre de 1979.