Solo la Sala IV puede modificar su propia jurisprudencia, explica exmagistrado, mientras Gobierno se aferra a “intentarlo” con la Ley Jaguar

El exmagistrado constitucionalista Carlos Arguedas, uno de los que votaron en 1998 la sentencia que estableció que las potestades de la Contraloría General de la República (CGR) para fiscalizar y vigilar la Hacienda Pública tienen rango constitucional, explicó que solo la Sala Constitucional puede "modificar su propia jurisprudencia". 

Arguedas, quien también fue diputado, comentó que el voto de 1998 es "un precedente", y que, a pesar de que las disposiciones de la Sala son "vinculantes" para otras instancias, esta también puede modificar sus propios precedentes. Arguedas citó el caso de la reelección presidencial, que fue permitida después de un voto de la Sala de 2002 que se contrapuso a uno anterior que había prohibido el regreso de antiguos mandatarios. 

El texto votado por los magistrados en 1998 estableció esto sobre las potestades fiscalizadoras de la CGR: "El legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados".

Esto podría chocar con lo que propone la Ley Jaguar, la cual, según la contralora general, Marta Acosta, se centra "en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General", así como suprimir "ámbitos de control" y restringir "funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses". 

Este jueves, en conferencia, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, apuntó tras la reunión con los jefes de fracción del Congreso que el Gobierno se aferrará a “intentarlo” con la Ley Jaguar. Díaz dijo  que"probablemente" sea la Sala IV la que termine resolviendo el tema de fondo del referendo que plantea la Ley Jaguar. 

"Es un tema que fue de un voto del año de 1998, que sí se mantiene hasta el momento, efectivamente, pero puede que la jurisprudencia cambie. El tema es intentarlo", expresó la ministra. 

La ministra de la Presidencia reconoció que en cualquiera de las dos vías por las que el Gobierno intentará convocar el referendo de la Ley Jaguar, Congreso o firmas, el texto va a tener pasar por la Sala Constitucional: "Al final, quien va a solventar si esto es inconstitucional o no es la misma Sala, independientemente de cómo avance, sea el Congreso con el decreto de convocatoria que enviamos, o la ciudadanía con las 180 mil firmas".