Entidad podría ordenar salida de directores u otros funcionarios de alto rango ante sospechas de irregularidades
12/11/24 | 18:42pm
La superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, defendió este martes ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso el proyecto No. 24.256, impulsado por el Poder Ejecutivo, que promueve varias reformas de ley, entre ellas la del Banco Central, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos de intervención y resolución de entidades financieras.
Particularmente, el artículo 7 de la iniciativa pretende añadir un artículo 136 ter a la Ley 7558, denominado "Medidas prudenciales de la Sugef a las entidades financieras cuando se vea amenazada su operatividad, solvencia o liquidez".
De acuerdo con el texto, Superintendencia de Entidades Financieras podrá aplicar a las instituciones supervisadas medidas prudenciales que podrán utilizarse cuando a criterio de la Sugef, independientemente de la calificación de normalidad o irregularidad en que se encuentre la entidad.
En ese sentido, la Superintendencia podría prohibir la renovación de operaciones de crédito que impliquen un incremento del riesgo, distribuir dividendos o excedentes entre socios, ordenar el cede de funcionarios de Juntas Directivas o gerencias, instruir la venta total o parcial de activos, restringir concentración de operaciones, entre otros.
"Si yo tengo un modelo de negocio que está haciendo que la entidad pueda, si continúa de esa manera, llegar a una situación de irregularidad, entonces actúo preventivamente solicitando el cambio en su Junta Directiva, cambios en ciertos canales o productos, o bien diciéndoles no repartan dividendos", explicó Aguilar.
Asimismo, la jerarca señaló que tales medidas podrían ser aplicadas por la Sugef tanto en entidades privadas como públicas, siendo que actualmente solicitar la destitución de un miembro del directorio de un banco del Estado no es posible ante sospechas de irregularidades.
No obstante, el proyecto de ley también contempla la supresión gradual de la garantía del Estado en entidades financieras públicas, a cambio de la presupuestación por parte del Ministerio de Hacienda del soporte financiero que pudiera requerir un proceso de resolución en un caso extremo, "donde la ayuda estatal sea el último recurso para salvaguardar una crisis sistémica", según la exposición de motivos.
En ese sentido, los legisladores cuestionaron a Aguilar por la relación entre agilizar el proceso de resolución y eliminar la garantía estatal de los bancos públicos, indicando la superintendente que hay "otros factores" que mantienen la solidez de estas instituciones.
Aguilar asistió a esta audiencia a pocos días de anunciarse su salida anticipada de la Sugef, así como de la Superintendencia de Pensiones (Supen), la cual será efectiva a partir del 31 de diciembre próximo, siendo que su nombramiento vencía hasta el 15 de abril del 2025 , según confirmó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
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