Responsabilidades para empleador y duplicidad de normativas dividen a diputados ante ratificación de convenio de OIT sobre acoso laboral

La votación en segundo debate para que Costa Rica ratifique o no el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en torno a la eliminación de violencia y acoso laboral estaría antecedida por una discusión parlamentaria sobre "excesivas" responsabilidades para los patronos y duplicidad de normas.

Ejemplo de ello fue lo expresado por el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, este lunes en el programa Nuestra Voz, quien reafirmó la posición en contra del expediente No. 22.569, de forma consecuente con el voto negativo dado por dicha bancada en el primer debate el pasado 28 de abril.

"Creemos que le pone exceso de responsabilidades al empleador, por ejemplo, responder por hechos que haga el trabajador fuera de la jornada laboral (...) e incluso, por situaciones derivadas de la violencia doméstica, el empleador podría intervenir", indicó el socialcristiano.

Asimismo, comentó que pequeñas y medianas empresas tendrían que contar con un departamento legal y otra serie de requisitos que podrían poner en peligro su rentabilidad.

"Ya existe una serie de cuerpos normativos en el país que tutelan lo que tiene que ver tanto con hostigamiento sexual como laboral y otro tipo de manifestaciones que se dan dentro de los centros de trabajo. Lo que tiene que existir es un equilibrio entre las personas que arriesgan sus recursos para producir empleo y las personas que requieren el empleo", opinó Gilberto Campos, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista.

En el caso del oficialismo, Pilar Cisneros recalcó la dificultad que representaría para los patronos vigilar las conductas de sus colaboradores fuera del ambiente laboral, para lo cual sugirió eventualmente la implementación de algunas reformas a lo dictado por el Convenio vía reglamento, a fin de hacer más viable su aplicación.

La jefa del oficialismo también destacó la existencia de legislación vigente en materia de regulación de acoso laboral que incluye el Código de Trabajo y la Ley contra el Hostigamiento Sexual (No. 7476), concluyendo que serán los magistrados de la Sala Constitucional quienes tendrán la última palabra respecto a la viabilidad de este expediente.

Para Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio, es "preocupante" la posición emanada por la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) respecto a no considerar este mecanismo como el "adecuado" para combatir la violencia y el acoso laboral.

"Nuestra legislación tiene demasiados vacíos, y efectivamente el Convenio es una sombrilla de derecho que tiene que ser acompañada también de una ley, de unos reglamentos. Aquí hay una necesidad de que el Ministerio de Trabajo cumpla con su función también de acompañamiento", dijo Alfaro.

Alejandra Larios, subjefa de fracción de Liberación Nacional, resaltó que para su bancada "es importante la ratificación de este convenio por cuanto le fija una pauta al país a fin de regular "de mejor manera" tales circunstancias que pudiesen presentarse en un entorno laboral.

El Convenio fue aprobado en la Conferencia General de la OIT en Ginebra, Suiza, en el 2019, y contempla algunos aspectos como el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso, protección de la dignidad e igualdad de género y un ámbito aplicable más allá del lugar físico de trabajo, entre otros.