“Respetar la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional”, exhortan magistrados latinoamericanos al Gobierno de Costa Rica

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), con sede en Buenos Aires, Argentina, emitió un pronunciamiento en el que exhortan al Poder Ejecutivo a "respetar la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitar avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento".

En la nota, publicada este lunes y firmada por Marcelo Gallo Tagle, presidente de dicha organización, se expresa una "profunda preocupación por el contenido de las recientes declaraciones del Sr. Presidente de la República de Costa Rica, en las que alude a la Fiscalía General, así como también al juez encargado de conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público, en un proceso judicial que involucra a funcionarios públicos y directivos de una institución pública".

Lo indicado por Gallo harían referencia a las declaraciones emitidas por el mandatario Rodrigo Chaves el pasado miércoles 25 en conferencia de prensa, en la cual hizo varias alusiones a miembros del Poder Judicial por la investigación que sigue el Ministerio Público en contra de ocho directivos y exdirectivos de la CCSS, entre las que figura la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, por presuntos delitos contra la hacienda pública.

"Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional", añade el documento.

Asimismo, tales disertaciones toman como base el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativas que garantizan a quienes ejercen una función judicial estar libres de injerencias, intimidaciones u hostigamientos.

"El respeto de ellos (principios) no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno", indica el texto.

Localmente, el Fiscal General, Carlo Díaz, así como el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, y el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, han emitido sus diferendos respecto a los juicios de valor expresados por Chaves al respecto.