Rechazan peticiones de presidenta de CCSS sobre accionar de Fiscalía en caso Barrenador; Sala IV solo le dio razón en un tema relacionado con necesidades fisiológicas

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus presentado por la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, en el que alegaba abuso por parte del Ministerio Público al ordenar su detención, así como el irrespeto a sus derechos.

Según la sentencia 2024-034692, los magistrados desestimaron por unanimidad los agravios alegados respecto a la detención, las condiciones de la estadía en la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón, el uso del vehículo utilizado para su traslado al II Circuito Judicial de San José, así como la denegatoria de la devolución de su pasaporte.

Por otra parte, se negaron las pretensiones de la recurrente con relación a la presunta falta de objetividad en declaraciones dadas a los medios de comunicación por parte del director del OIJ, Randall Zúñiga, así como el fiscal general, Carlo Díaz, y otros funcionarios judiciales, así como la anulación de la solicitud de allanamiento.

En lo que el alto tribunal declaró con lugar en el voto "es la omisión del OIJ de no haber previsto algún mecanismo de comunicación entre la amparada y los custodios durante el traslado de la detenida con el fin de atender sus necesidades fisiológicas", indica un comunicado enviado la tarde de este miércoles.

De acuerdo con el expediente 24-028484-0007-CO, Esquivel alegó que durante su traslado necesitaba utilizar el servicio sanitario y no había forma de comunicarse ni con el chofer ni el custodio, al tiempo que durante el recorrido venía golpeándose en las paredes de la unidad de transporte judicial para el traslado de personas detenidas.

La detención de la jerarca de la CCSS, junto con otras siete personas, en su mayoría miembros de la Junta Directiva de la institución, se giró el pasado lunes 23 de setiembre al figurar como parte de los imputados en el expediente 24-000267-1218-PE, al aprobar este órgano la adjudicación de 138 Ebais a cooperativas de salud por un lapso de 10 años, con un costo para la Caja de ¢12 mil millones, caso judicialmente denominado como "Barrenador".

Ese monto fue considerado como un "sobreprecio" por la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción (FAPTA), por lo cual solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José la imposición de medidas cautelares contra varios de los encartados.

En el caso de Esquivel, así como de los directivos en ejercicio y la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, se ordenó su suspensión inmediata del cargo por seis meses a partir del 10 de octubre, mientras que la Dirección Jurídica de la CCSS acordó congelar por ese periodo el salario de la presidenta y la gerente general.

Precisamente, el presidente Rodrigo Chaves, sobre quien fue interpuesto un recurso de amparo por la falta de nombramiento temporal en el máximo puesto jerárquico de la CCSS, indicó semanas atrás que no consideraría una sustitución hasta tanto la Sala IV resolviera el recurso de habeas corpus presentado por Esquivel.