Rechazado en segundo debate proyecto de ley de “capitales emergentes”

En una votación de 21 diputados a favor y 17 en contra, fue rechazado en segundo debate el proyecto de ley que busca permitir el secuestro de capitales sin origen lícito aparente, conocido como de "capitales emergentes".

Pese a que fue avalado por la mayoría de legisladores, el proyecto requería un mínimo de 38 diputados que le dieran su aval, de conformidad con el reglamento legislativo.

Posteriormente fue aprobada por 24 diputados una moción de revisión sobre la votación anterior, seguido de una solicitud de receso por parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para convocar a jefes de fracción en busca de un acuerdo para retrotraer el expediente a Comisión a fin de "hacerle los arreglos" antes de archivarlo.

No obstante, la sesión fue levantada sin que se decidiera en torno al tema.

Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio y una de las legisladoras a favor, calificó de la presentación a posteriori de la moción para regresarlo a Comisión, sin un plazo definido, como una "excusa de las bancadas que no quieren el proyecto para evitar el costo político de su decisión de hoy".

Largo proceso

El texto promueve una reforma a la ley No. 8754, contra la delincuencia organizada, adicionando los artículos 20 bis, 20 ter y 22 bis relacionados con la definición del concepto de incremento patrimonial sin causa aparente, notificación de los afectados y disposición sobre ejecución y destino de los bienes.

La iniciativa estaba prevista para ser votada en esta fase desde septiembre del año anterior; sin embargo, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) envió un mes más tarde una consulta de la Sala Constitucional, bajo el argumento de que el proyecto contenía posibles violaciones a los principios de presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso y derecho a la propiedad privada.

Los magistrados declararon constitucional el proyecto, aunque con un vicio de fondo en el artículo 20 ter, relacionado con ambigüedad en los procesos de notificación, lo cual fue modificado.

En abril pasado, una nueva consulta ante dicho órgano fue declarada inadmisible, dado que, a juicio de los magistrados, no aportaba elementos nuevos.

De haber sido aprobado, el Estado hubiese podido, a través de un proceso en la vía contencioso-administrativa, custodiar bienes y capitales (indiferentemente del monto) cuyo dueño no logre demostrar un origen lícito, sin necesidad de que exista una condena penal previa.

Discusión

En ese orden, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) manifestó su oposición al proyecto por cuanto se invierte la carga de la prueba y rompe el principio de inocencia, "abriendo la puerta a la arbitrariedad y la persecución política".

Por otra parte, Eliécer Feinzaig (PLP) aseveró que la iniciativa "deja a los ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de las autoridades", y que "debilita y destruye la jurisdicción de lo penal".

El liberal añadió como punto positivo que se eliminara la posibilidad de que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda o el Instituto Costarricense sobre Drogas pudieran solicitar medidas cautelares.

Jorge Rojas, diputado de la fracción oficialista, criticó la intencionalidad del proyecto, comparándola con "tirar una red que pesca todo lo que aparece, y con el fin de pescar un pez grande, pues se van cientos o miles medianos y pequeños". 

Entre tanto Vindas, así como los legisladores Gloria Navas (independiente) y Gilberth Jiménez (Liberación Nacional) elogiaron llegar a esta fase procesal en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El expediente No. 22.834 fue presentado en 2021 por el Poder Ejecutivo, bajo la administración Alvarado Quesada. En mayo anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, indicó que de aprobarse el proyecto con las modificaciones respecto de la versión original lo vetaría "inmediatamente".