Para recopilar prueba de investigación, Fiscalía allana oficinas de Desyfin y cinco casas en Escazú y Santa Ana
La investigación se inició el pasado agosto tras denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
17/10/24 | 09:25am
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual llevó a cabo este jueves nueve allanamientos como parte de la investigación del caso Desyfin, en el marco del expediente 24-000074-621-PE. Las diligencias buscan recopilar pruebas en torno a una denuncia por supuesta administración fraudulenta.
Los allanamientos se realizaron en las oficinas centrales de Financiera Desyfin S.A. y su filial Arrendadora Grupo Financiero Desyfin, así como en dos bufetes de abogados y cinco casas de habitación en los sectores de Escazú y Santa Ana. Según el Ministerio Público, hasta el momento no se ha detenido a personas imputadas.
La investigación se inició el pasado agosto, luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) presentara una denuncia por irregularidades en la gestión de la financiera. Posteriormente, el 23 de septiembre, la Interventora de Desyfin también presentó una denuncia que se suma a la causa. Entre los posibles delitos que se investigan están la administración fraudulenta y la reducción de penas, ambos tipificados en la Ley Orgánica del Banco Central.
El decomiso de la documentación y pruebas recopiladas será procesado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que elaborará un informe para ser entregado a la fiscalía en los próximos días.
Financiera Desyfin, con un capital de ¢196 mil millones y una cartera crediticia de ¢122 mil millones, ha estado bajo intervención desde agosto, luego de que la Sugef detectara deficiencias en su gestión y prácticas contrarias a la normativa financiera. Entre los hallazgos, destacan pérdidas interanuales de ¢4 mil millones y una debilitada gestión crediticia, lo que llevó a la intervención liderada por la economista Marianne Kött Salas.
La situación afecta a unos 4.200 acreedores, cuyas inversiones están respaldadas hasta por ¢6 millones bajo el seguro de depósito de garantía, mientras los deudores deben continuar con el cumplimiento de sus compromisos financieros. Las autoridades han señalado a la Junta Directiva, la Alta Gerencia y la Auditoría Interna de Desyfin por el incumplimiento de sus responsabilidades en la mitigación de riesgos.
El proceso de intervención se extenderá hasta que se resuelvan las irregularidades detectadas, periodo en el cual los ahorrantes no podrán disponer de sus fondos.