
Nogui Acosta promueve avalar instalación de publicidad en infraestructura pública
02/08/26 | 06:55am
Un proyecto de ley propone generar una nueva regulación para la instalación de publicidad exterior, estableciendo multas máximas por incumplimientos graves de ¢490 mil y avalando, además, la colocación de publicidad en infraestructura pública.
El texto señala que “toda tecnología o formato de publicidad exterior será permitida salvo evidencia técnica que demuestra afectación a la seguridad vial” y agrega que “no se podrá restringir ninguna tecnología o formato”.
Se trata del expediente 25.680 presentado por el jefe de fracción del partido oficialista (PPSO), Nogui Acosta, quien promueve derogar artículos vigentes que regulan la materia en la Ley de Construcciones y la Ley de Tránsito y que prohíben aspectos que su propuesta avala.
El expediente señala que la regulación vigente se creó en momentos donde la realidad tecnológica utilizada para publicidad exterior era distinta a la actual.
“Esta situación ha generado incertidumbre jurídica tanto para la Administración Pública como para los operadores económicos, dificultando la aplicación uniforme de las normas y propiciando interpretaciones divergentes entre distintas autoridades administrativas”, explica el diputado oficialista al señalar que la falta de regulación acorde a la realizar “ha favorecido la informalidad” y ha impedida una fiscalización efectiva de las autoridades.
Ante esto, señala que el proyecto busca armonizar la actividad económica, la protección de la seguridad vial y el interés público; además de:
El texto reconoce como formas de publicidad las vallas publicitarias, pantallas electrónicas o digitales, anuncios informativos, muros publicitarios, mobiliario urbano, publicidad integrada a infraestructura pública, publicidad instalada en bienes muebles y cualquier otra modalidad desarrollada mediante innovación tecnológica.
La necesidad de regular dicha actividad es necesaria, según manifestó el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, a este medio; sin embargo, manifestó que desde su cartera se trabajaba en un reglamento para el control y regulación de la publicidad exterior. Pese a esto, Acosta ya presentó una propuesta en dicha materia que contempla las reglas de colocación, regulación de empresas, sitios de ubicación, fiscalización y posibles sanciones que van desde los ¢61 mil y hasta los ¢490 mil, basados en la multa categoría B de la Ley de Tránsito (¢245 mil) con un máximo de “hasta el doble de la multa base” ante los incumplimientos más graves como instalación de publicidad sin permiso, con orden firme de retiro o riesgo acreditado para la seguridad vial.
“Adicionalmente, cuando la infracción sea subsanable y no genere riesgo inmediato para la seguridad vial, la Administración deberá prevenir al administrado antes de imponer sanción alguna. Con ello se busca privilegiar la corrección de las irregularidades sobre su castigo, en línea con el principio de gradualidad”, agrega el texto.
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El texto que promueve generar nuevas reglas en materia de publicidad exterior delimita las competencias del MOPT y las municipalidades y señala que se debe avalar el desarrollo de nuevos formatos publicitarios.
“Las restricciones a nuevas tecnologías únicamente podrán justificarse por razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas relacionadas con la seguridad vial o el interés público. De esta forma, se fomenta la innovación y la competitividad del sector, garantizando simultáneamente la protección de los usuarios de la red vial”, señala el texto al explicar que la propuesta busca promover la inversión privada y generación de empleo.
El proyecto excluye la posibilidad de regular el contenido de la publicidad, así como la ubicada en vehículos de transporte público o particular, publicidad de proyectos en ejecución y la de actividades cívicas, patronales, entre otras.
Señala los requisitos, prohibiciones, sanciones, reduce los plazos para que el MOPT resuelva la solicitud de autorizaciones y agrega que si los empresarios no obtienen respuesta aplica el “silencio positivo”.
Se promueve la creación de un registro nacional de publicidad exterior e identificación de estructuras autorizadas y obligaría al MOPT a tener dicho registro de manera digital y actualizado, el cual, además, será de acceso público.
El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo emita un reglamento relacionado con la materia y establece que los permisos vigentes al momento de la entrada en vigencia del texto, en caso de ser aprobado, seguirán vigentes hasta su vencimiento.
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