
Expone respetar decisiones voluntarias del paciente en medio del proceso crítico de salud
19/03/26 | 12:48pm
Un proyecto de ley presentado este jueves promueve medidas para garantizar el derecho a una muerte digna en Costa Rica para pacientes en estado terminal.
El expediente 25.455 fue presentado por el diputado del PLN, Danny Vargas.
“Tienen derecho a una atención y muerte dignas y sin dolor, las personas con enfermedades en fase terminal, o con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida o con pronóstico de vida menor de seis meses”, señala el texto.
La propuesta menciona las diversas medidas que se promueven, entre estas, la posibilidad de que los pacientes o familiares cercanos (en caso de la imposibilidad del paciente) desistan o rechace de manera voluntaria el uso de máquinas o medios artificiales para “prolongar la vida innecesariamente”.
El proyecto de ley presentado por Vargas cuenta con la firma y apoyo de otros seis legisladores.
“La iniciativa surge como respuesta al llamado de pacientes que enfrentan enfermedades irreversibles y que atraviesan largos procesos de sufrimiento físico y emocional, cuyo desenlace inevitable es la muerte.
“El proyecto plantea establecer un marco jurídico que permita, bajo condiciones estrictas y con controles médicos y éticos, que estas personas puedan tomar decisiones sobre el final de su vida con dignidad”, señaló el diputado proponente al explicar que para presentar el texto se tomó como referencia la legislación vigente en otros países.
En el texto se señala el derecho del paciente en etapa terminar a recibir un tratamiento integral del dolor, así como a desistir de manera voluntaria a recibirlo; también se menciona el derecho a suscribir un testamento vital, lo que representa su manifestación voluntaria anticipada para no someterse a tratamientos médicos o uso de máquinas para mantener a la persona con vida.
“Asimismo, la iniciativa establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes.
“Este órgano tendrá la función de supervisar los procedimientos realizados bajo esta normativa y garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y médicos”, agrega el texto.
De acuerdo con el legislador, la intención del proyecto es abrir un debate nacional y responsable sobre el derecho que tienen las personas a una muerte digna.
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