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Imagen ilustrativa. Crédito: ANEP

Proyecto de ley busca permitir que funcionarios judiciales puedan pasarse al sistema de pensiones de la CCSS

Propuesta fue planteada por la diputada oficialista Marta Esquivel

28/07/26 | 17:08pm

Un proyecto de ley presentado este martes busca permitir que los funcionarios judiciales puedan pasarse al sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se trata del expediente legislativo 25.678 “Igual salario, igual cotización, libre elección del personal judicial en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial (FLPPJ)”, presentado por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Esquievel. 

En el texto que explica que la creación de dicho fondo se registra antes de la existencia del actual régimen universal de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. 

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Además, se menciona que las reformas realizadas en el fondo de pensiones del Poder Judicial han generado dificultades en la sostenibilidad del régimen. 

“Las reformas sobrevenidas en 84 años de vigencia de la mencionada ley han provocado que el FJPPJ, lejos de fortalecerse en términos de solvencia y equilibrio financiero, venga experimentando un claro debilitamiento económico que ha propiciado los cambios que han variado totalmente las razones que lo originaron”, menciona la legisladora en los argumentos presentados en el texto. 

Por ejemplo, señala los cambios para acceder al derecho de la pensión, perfil de beneficios de los trabajadores judiciales y la inviabilidad financiera que se alerta desde años atrás. 

Se menciona la posibilidad de un cierre técnico del régimen y las debilidades en su rendimiento y posible déficit. 

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“Bajo la óptica más optimista posible de rendimiento, el Fondo solo tendría capacidad para cubrir el 61,05% de sus obligaciones, dejando un hueco financiero descubierto de 810.621 millones de colones. Por su parte, la verdadera alerta para las finanzas públicas se refleja en el escenario pesimista, el cual proyecta un déficit de 1.183.589 millones de colones y el agotamiento de la reserva total para el año 2041”, señala el expediente del proyecto de ley presentado, donde se asegura que el fondo de pensiones del Poder Judicial no tiene solvencia económica futura. 

Entre las razones de la situación actual se mencionan cálculos inadecuados de pensiones sin tope, lo que permitió el pago de pensiones millonarias; además de falta de control estricto en los requisitos para otorgar la pensión, ya que se hicieron interpretaciones que pasaron por alto que una persona podía acogerse a su jubilación al cumplir 55 años y tener 30 años de servicio, y se avalaron pensiones a quienes sólo cumplían con uno de esos parámetros.

Tras el paso de los años y las alertas sobre la sostenibilidad del régimen se han aplicado reformas, las cuales se consideran insuficientes y mantienen en riesgo al fondo y, por ende, la futura cobertura de pensión a todos los trabajadores cotizantes que tiene el porcentaje de cotización más alto del país. 

Libre elección

Ante este panorama, se plantea que los funcionarios judiciales tengan libertad en elegir el régimen de pensiones para el cual cotizan. 

“Esta situación genera que deba ser optativo continuar en el FPJJP, porque las personas tienen derecho a elegir dónde cotizar y qué riesgos asumir, riesgos que pueden afectar tanto al personal cotizante como al jubilado, por ello es relevante que exista la opción de elegir, corno la tienen quienes se encuentra afiliados al Magisterio Nacional, por ejemplo”, menciona el texto. 

El proyecto promueve modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y permitir a los funcionarios activos de dicha entidad elegir su régimen de pensiones, trasladar sus cotizaciones al IVM y continuar cotizando en esta línea. 

Esto en los casos donde el trabajador así lo solicite. 

“La apertura del derecho de libre elección permitirá que cada persona trabajadora pueda decidir el régimen de pensiones que mejor responda a sus expectativas de retiro, respetando los principios constitucionales de libertad, igualdad y seguridad jurídica. 

“Asimismo, esta iniciativa procura armonizar el régimen previsional del personal judicial con las transformaciones que ha experimentado el empleo público costarricense, garantizando que cualquier medida adicional que resulte necesaria para fortalecer la sostenibilidad financiera de los regímenes involucrados se fundamente en estudios técnicos y actuariales y sea valorada por la Asamblea Legislativa durante el proceso de formación de la ley”, señala Esquivel en su explicación. 

La propuesta detalla las reformas a la ley que deben avalarse, las reglas de elección para los trabajadores de nuevo ingreso, así como el proceso de trámite de desafiliación y traslado de cuotas en los casos de funcionarios activos que así lo soliciten. 

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