Por razón “estrictamente empresarial", desarrolladora de cuestionado proyecto inmobiliario de 37 torres en Sámara anuncia que desiste de construcción

Urbania , la empresa desarrolladora encargada del cuestionado proyecto inmobiliario "Vistas de Sámara", informó, ante una consulta de AmeliaRueda.com, que desistió de esta construcción por una razón "estrictamente empresarial". El proyecto involucraba la construcción de 37 torres, 333 lotes de condominio, un complejo hoteleros y decenas de casas en las cercanías del manglar del río Lagarto.  

La comunidad local y grupos ambientalistas se habían estado movilizando contra el proyecto desde hace varias semanas. Un grupo de 366 vecinos expresó una "oposición rotunda" a Vistas de Sámara en un manifiesto enviado a la Municipalidad de Nicoya.

El pasado agosto, además, vecinos y ambientalistas denunciaron que un megaproyecto inmobiliario obtuvo la aprobación de viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional (Setena) en tan solo 16 días tras ser presentado, a pesar de afectar zonas de humedal.  

Desde la empresa indicaron que no continuarán con "la negociación" para desarrollar el proyecto, a pesar de que, según afirman, tenían "en regla la viabilidad ambiental con los estudios técnicos que la sustentan" y que buscaban "impactar positivamente la economía de Guanacaste y del país". 

También señalaron el "vencimiento de la opción de compra" que se dio días atrás, por lo que decidieron "enfocar sus recursos en otros desarrollos prioritarios". 

Los vecinos de Sámara, preocupados por la "destrucción paulatina" del manglar Lagarto, habían interpuesto una denuncia ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), pero no obtuvieron respuesta, por lo que acudieron a la Sala Constitucional. El pasado junio, la Sala Constitucional le dio al Sinac un plazo de hasta 12 meses para intervenir ante los trabajos realizados en los humedales de Sámara. 

Desde el Sinac informaron que conformaron una "comisión técnica" para trabajar en una propuesta de recuperación. Las autoridades deberán intervenir en un plazo de 12 meses los trabajos realizados en manglares y humedales. 

Consultado sobre la respuesta de Urbania, el abogado especialista en Derecho Ambiental Álvaro Sagot, manifestó desconfianza sobre las intenciones de la empresa: "Es un caballo de Troya que puede apaciguar y calmar a la gente local, para después obtener los permisos de construcción calladamente".