Proyecto Ciudad Gobierno: BCIE podrá alquilar a terceros espacios construidos en terrenos del Estado

También contempla áreas o espacios comerciales complementarias que serán de acceso abierto al público. 

La coordinación del proyecto estará a cargo de una comisión conformada por los ministros de Planificación, Obras Públicas y Transportes, Hacienda y Vivienda (jerarcas podrían delegar su participación). 

Dicho grupo estará a cargo de definirán cuáles entidades serán parte del proyecto, definir necesidades institucionales y exponer los resultados ante el Consejo de Gobierno para avanzar a la etapa de contratación.  

“Aprobada la propuesta del proyecto por el Consejo de Gobierno de conformidad con el artículo anterior, corresponderá al Ministerio de Hacienda la ejecución de la actividad de contratación pública necesaria para el desarrollo del proyecto”, señala el texto al describir los pasos a seguir para su ejecución, entre ellos, la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, requisito que no establecía el proyecto original. 

Para la ejecución de la obra se autoriza a Hacienda a aplicar el contrato de arrendamiento por el bien que se construirá y ésta será la cartera facultada para aplicar los mecanismos de compra posteriores que se consideren más convenientes. 

También se menciona que el contrato de arrendamiento entre las partes deberá ser refrendado por la Contraloría General de la República; “el contrato con el Banco será de arrendamiento de bienes por construir” y las entidades involucradas dueños de los terrenos donde se construirá Ciudad Gobierno deberán otorgar el derecho de uso al BCIE. 

(Gobierno prevé que el complejo de edificios integraría entre 18 y 35 entidades -ministerios e instituciones-. Fotografía: Casa Presidencial).

Disposiciones

El articulo 11 del texto aprobado señala con claridad cuáles con las disposiciones específicas en cuanto al modelo aprobado y detalla los plazos que se establecen. 

Se explica que concluido el plazo inicial del contrato de arrendamiento (30 años) el Ministerio de Hacienda deberá analizar las condiciones financieras y de interés públicos del momento para valorar y acordar con el BCIE diversas opciones, entre ellas, trasladar la obra, instalaciones y equipos a favor del Estado. 

También se menciona la posibilidad de prorrogar el contrato de arrendamientos “por los años que determine el Estado hasta alcanzar un plazo total máximo de cincuenta (50) años que establece esta ley, incluyendo el plazo inicial”, para esto se tendrán que suscribir adendas con los ajustes que corresponden.

Vencidas las prórrogas que establezca el Estado (con máximo de 50 años) el BCIE deberá trasladas las obras (instalaciones y equipamiento) a favor del Estado. 

Como alternativa incluida en el texto se habilita también la posibilidad de que el banco promueva alquileres a terceros en los espacios construidos. 

“Acordar que el BCIE pueda arrendar a terceros, parcial o totalmente, los espacios e instalaciones del proyecto, durante el plazo que reste de los 50 años del derecho de uso conferido conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 10 de esta ley. 

“En este supuesto, el BCIE reconocerá a la entidad, órgano público o titular de los terrenos respectivos, mediante el pago de un canon, los ingresos netos generados por dichos arrendamientos, una vez deducidos los gastos de operación, administración, mantenimiento y demás costos directamente asociados, conforme a las condiciones que ambas partes acuerden en el convenio respectivo”, menciona el texto. 

Estas opciones están a sujetas a negociaciones futuras y no se establecen desde el contrato inicial.

Consultado sobre el tema, el diputado oficialista, Juan Manuel Quesada, presidente de la comisión de gobierno y administración, explicó que esta posibilidad de alquiler a terceros se da para los espacios que no se hayan utilizado por entidades del Gobierno. 

“El proyecto prevé que puedan destinarse áreas comerciales. También prevé la posibilidad que se puedan arrendar espacios a terceros.

“En un contexto donde llegaren a existir oficinas/espacios que no sean ocupadas por el gobierno y que podrían existir áreas comerciales, estas podrían ser rentadas a terceros”, comentó.

El proyecto también detalla los procesos relacionados con los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto de Ciudad Gobierno, esto al tomar en cuenta que involucra propiedades MOPT y del Liceo de Costa Rica, excluyendo el espacio que actualmente ocupan sus instalaciones.

Se agrega en el texto que previo al inicio de las obras e intervención, se deberá contar con el respecto estudio de impacto vial para garantizar el tránsito en la zona. 

Además, se establece que las posibles labores de reubicación de servicios públicos deberán atenderse con prioridad.

El texto sustitutivo aprobado contó con el apoyo de los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, Gonzalo Ramírez, Kattya Mora, Mayuli Ortega, Ronald Campos y Zaira Murillo. Además del voto del verdiblanco Ronald Campos. 

En contra del proyecto se recibió el voto del liberacionista Jesús Calderón y la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora.