Proponen reforma de ley para evitar “uso discrecional” de bienes decomisados al narcotráfico y bajo custodia del ICD

Llenar un vacío legal en torno al uso y control de bienes decomisados a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y administradas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es el objetivo que persigue el proyecto de ley No. 25.090, a través del cual se busca regular estrictamente el uso, destino y fiscalización para evitar su uso discrecional.

Así lo justifica la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, quien propone que los vehículos que vía convenio pueden ser asignados a instituciones públicas sean utilizados de forma "discrecional", sin ejercer un control o trazabilidad de estos.

En ese orden, el expediente plantea varias modificaciones a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (No. 8204), estableciendo limitaciones tácitas en ese sentido.

Parte de los argumentos de la legisladora proponente que inspiraron el proyecto fueron las declaraciones dadas por Fernando Ramírez, director del ICD, el pasado 3 de julio en audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

En dicha ocasión, Ramírez dijo ante los diputados que el uso de los vehículos decomisados y administrados por el instituto "es discrecional de cada Ministerio, como lo pida y para lo que lo requiera, de acuerdo con la naturaleza de lo que realiza", sin que dicha entidad pueda ejercer responsabilidad sobre su uso o el motivo por el que fueron solicitados.

"Ante estas manifestaciones del director del ICD (...) queda evidenciado que no se da un control y desconoce el ICD el uso de los vehículos dados en préstamo mediante convenio, por lo que se abre la puerta a un uso discrecional que no está regulado en la legislación que ampara estos préstamos de vehículos decomisados y resguardados por el ICD", indica la exposición de motivos.

A octubre del 2024, el ICD había contabilizado un total de 324 vehículos decomisados que fueron cedidos a préstamo a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, Presidencia de la República, Correos de Costa Rica y el Consejo Nacional de Producción.