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Fotografías: Asamblea Legislativa

Presupuesto 2027: Sala IV ordena eliminar normas cuestionadas por el Poder Judicial y rebaja al FEES

Magistrados confirman vicios de procedimiento

20/11/26 | 16:50pm

Los magistrados de la Sala Constitucional ordenan eliminar las normas de ejecución incluidas de manera exclusiva para el Poder Judicial en el presupuesto 2027, así como el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Las resoluciones de ambos recursos de amparo presentados se dieron a conocer la tarde de este viernes y son de carácter vinculante.

“En ambos casos, el Tribunal determinó la existencia de vicios sustanciales de procedimiento legislativo”, señaló el órgano constitucional. 

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En cuanto a la consulta del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia cuestionó las normas presupuestarias que los obligaban a cumplir una serie de procedimientos antes de poder utilizar los recursos, lo que, señalaron, afectaría la autonomía presupuestaria y el funcionamiento del Poder Judicial. 

Ante esto, los magistrados dieron la razón a la Corte y calificaron las normas de ejecución presupuestarias como atípicas, además, se comprobaron los incumplimientos en el proceso. 

"La Sala entendió que los vicios de procedimiento se configuraron y estos son tres. En primer lugar, la falta de consulta al Poder Judicial en la fase prelegislativa, la fase de la elaboración del proyecto de ley en la fase prelegislativa y luego la falta de consulta al Poder Judicial en la fase legislativa, y finalmente la introducción de normas atípicas”, explicó la magistrada instructora de la consulta, Anamari Garro.

La alta jueza agregó que incluir las normas presupuestarias sin previa consulta se determina como un vicio de procedimiento, lo que genera el dictamen de inconstitucionalidad, lo cual es vinculante para la Asamblea Legislativa. 

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En cuanto al recurso presentado en oposición al recorte presupuestario del FEES, los diputados firmantes de la consulta “señalaron posibles afectaciones a la autonomía universitaria y al financiamiento de la educación superior, y cuestionaron que los recursos se trasladaran al pago de obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.

“Para el presupuesto que va a entrar a regir en enero del 2027 se había destinado una suma, por acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los rectores para hacer ese pago de ¢8 mil millones más o menos, pero el problema fue que en la Asamblea Legislativa se suprimió esa cuota y la Constitución claramente dice que la Asamblea lo único que puede hacer con los dineros del FEES es ser un árbitro, ser un mediador, cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y las universidades y en este caso no había conflicto”, explicó la magistrada instructora de la consulta, Indrid Hess. 

Con esta resolución los diputados deberán excluir las medidas declaradas inconstitucionales y de no hacerlo se tendrán por excluidas el proyecto de presupuesto 2027.

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