Presos pagan “hasta ₡3 millones” por meter celulares a cárceles, según informes de OIJ

El ingreso ilícito de teléfonos celulares en los centros penales es una problemática "difícil de controlar" para las autoridades. Según informes del Organismo de Investigación Judicial, hay reos que pagan "hasta ₡3 millones” para obtener unos de estos dispositivos electrónicos. 

El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó en el programa Nuestra Voz que los celulares incluso llegan a las celdas de máxima seguridad. Esto sucedió en la celda del cabecilla criminal de Limón Tony Peña Russell, capturado el pasado junio, a quien le decomisaron un teléfono, según Zúñiga. 

Casos como este no son aislados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Paz, que solamente el pasado julio decomisó 228 teléfonos celulares en centros penitenciarios. Además de estos dispositivos, las autoridades incautaron 261 chips telefónicos y otros 356 dispositivos electrónicos "como manos libres, adaptadores, baterías, cables USB" y otros. 

Incluso, desde Justicia y Paz informaron que le decomisaron tres teléfonos celulares y un cuchillo a un funcionario de mantenimiento de apellido Torres Jiménez en la cárcel de mujeres Vilma Curling. La persona ya fue remitida a la Fiscalía, según el Ministerio, pero a las autoridades les preocupa lo habituales que son estos decomisos.

"El uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación electrónicos facilita la coordinación de actividades violentas entre reclusos y con el exterior, generando un ambiente carcelario peligroso y difícil de controlar", dijo el ministro de Justicia, Gerald Campos. El Gobierno presentó un Proyecto de Ley para endurecer las penas por ingresar celulares a los centros con la expectativa de que esto ayude a mejorar la seguridad. 

La cobertura de teléfono dentro de los centros penitenciarios actualmente está bloqueada por inhibidores de señal. Sin embargo, las autoridades se han dado cuenta de que los reos utilizan chips de operadoras extranjeras, servicio de 'roaming', chips virtuales, señal satelital o VPNs para burlar la seguridad de las cárceles. 

"Los datos suministrados dejan claro que, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades, el ingreso de esos dispositivos no cesa", se lee en el texto del proyecto de ley de Justicia.