Cuatro han logrado alcanzar el resello por parte de diputados
14/05/25 | 18:26pm
El presidente Rodrigo Chaves elevó esta semana a diez la cantidad de proyectos de ley vetados durante su administración, consolidando su pulso con el Congreso.
El mandatario anunció este miércoles el veto al proyecto de ley que autoriza allanamientos sin restricción horaria para la policía judicial (expediente No. 24.495).
Asimismo, el mandatario adelantó a los diputados que también vetará el expediente No. 22.834 (conocido como de “Capitales Emergentes”), el cual está a la espera de segundo debate en el Plenario legislativo. Sobre esa iniciativa hay diputados de bancadas como el Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana, Nueva República y el oficialismo que han expresado dudas.
El primer veto presidencial ocurrió apenas 10 días después de que Chaves asumiera el poder. Fue al expediente No. 22.993, que excluía a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de la regla fiscal. Aunque el Ejecutivo alegó razones de disciplina financiera, la Asamblea reselló el proyecto argumentando que Procomer se financia con fondos propios, no del Gobierno Central.
Tres días después, el 13 de mayo de 2022, Zapote vetó el expediente No. 22.221, que creaba el Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional, por considerar que duplicaba funciones ya cubiertas por otras entidades. El proyecto terminó archivado.
El 27 de septiembre de ese mismo año se vetó el expediente No. 22.732, que buscaba excluir al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal. Pese a los argumentos en contra del Ejecutivo, fue resellado por la Asamblea.
Un mes después, en octubre del 2022, el Ejecutivo frenó el proyecto No. 23.333, que extendía las concesiones en el Depósito Libre Comercial de Golfito. La Casa Presidencial señaló que se ignoraban los procesos de licitación en curso, pero los diputados también lo resellaron.
En septiembre de 2023, el Ejecutivo vetó el expediente No. 23.581, que buscaba sacar a Costa Rica de la lista negra fiscal de la Unión Europea. El Gobierno argumentó que la medida limitaba la capacidad de Hacienda para cobrar impuestos a rentas obtenidas en el extranjero. A pesar de eso, el proyecto fue resellado por los legisladores.
Ese mismo mes también fue vetado el proyecto No. 23.111, que introducía cambios al Sistema de Banca para el Desarrollo. Según el Ejecutivo, un inciso comprometía información sensible del programa de protección a víctimas y testigos. La observación fue respaldada por el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre.
Ya en 2024, el primer veto se firmó en febrero: fue al expediente No. 24.207, que promovía vuelos regionales de bajo costo en Centroamérica y el Caribe. Aunque inicialmente el Gobierno convocó su resello en sesiones extraordinarias, luego retiró la propuesta.
Ese mismo mes también vetó el expediente No. 23.192, que sancionaba a funcionarios por incumplir con la reglamentación de leyes en el plazo establecido. El Ejecutivo alegó que no se consultó al Poder Judicial ni a otras entidades eventualmente afectadas.
Este mes, el 6 de mayo, Chaves vetó el proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (expediente No. 22.817). Esa iniciativa ha sido cuestionada por razones de constitucionalidad y conveniencia.
Mientras el Ejecutivo defiende cada veto como un ejercicio de control responsable sobre el contenido de las leyes, en el Congreso crecen las críticas por parte de la oposición.
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