
Los otros siete detenidos por el caso “Barrenador” fueron trasladados en vehículo tipo sedán, detalló la policía judicial
25/09/24 | 19:22pm
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, defendió el procedimiento efectuado para trasladar a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este lunes desde la oficina de esta dependencia en Pérez Zeledón hasta el II Circuito Judicial de San José.
"En el caso particular de la señora Esquivel, ella llega por sus propios medios al OIJ de Pérez Zeledón. Es detenida al igual que los siete restantes funcionarios de la CCSS, pero al estar ya bajo la custodia de la Sección de Cárceles, debe ser trasladada bajo la normativa que rige esa materia, o sea, en el vehículo especializado que tiene esta sección", indicó Zúñiga.
Respecto de los demás detenidos, el funcionario judicial señaló que, al ser detenidos en diligencias de allanamiento, procedía su traslado en vehículos oficiales tipo sedán o 4x4 que conducen los mismos investigadores.
"Valga decir que en este caso "Barrenador", siete de las ocho personas de la CCSS fueron trasladados en este tipo de vehículos para luego ser trasladados a celdas para su respectivo trámite interno", justificó el director del OIJ.
Asimismo, rechazó que este organismo se "preste para intereses políticos o cualquier otra índole", negando que se haya brindado un trato diferenciado al de otras personas detenidas en casos como los conocidos "Diamante" o "Cochinilla", apegándose a procedimientos mundiales de protección de derechos de personas detenidas.
"El OIJ es una policía técnica, científica y que no está a la orden de ninguna asociación política de este país, y mucho menos realiza de sus actuaciones un show para desviar la atención de los problemas del país (...) En este particular, no solo se pide respeto, sino que también se demanda el mismo por todas las compañeras y compañeros del OIJ que juraron luchar por costa Rica, independientemente de la persona que se tenga que investigar", concluyó Zúñiga.
Ante los cuestionamientos lanzados por el Gobierno, el fiscal general, Carlo Díaz, también respondió el lunes.
"Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio (...) Nuestras acciones son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política", argumentó el jefe del Ministerio Público.
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