Contraloría a Hacienda: No se puede contratar póliza con fondos públicos para proteger a jerarcas

"No existe habilitación legal para que el Estado contrate seguros de responsabilidad civil cuyos beneficiarios sean los funcionarios públicos, ya que una disposición en ese sentido sería contraria al derecho constitucional, por cuanto se beneficiaría indebidamente a los servidores públicos haciendo prevalecer su interés personal sobre el interés público".

Lo anterior es parte de la respuesta que la Contraloría General de la República (CGR) respondió al Ministerio de Hacienda ante una consulta formulada por dicha cartera al órgano fiscalizador el pasado 12 de marzo, solicitando criterio sobre la viabilidad de utilizar fondos públicos para la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de jerarcas.

En el oficio DFOE-085, remitido este miércoles al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, la CGR aclara que "ante escenarios en los cuales el Estado contrate seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños de la administración pública ante terceros, el mismo no excluye ni sustituye la responsabilidad subjetiva del funcionario público por sus actuaciones cometidas".

Asimismo, subraya la CGR que "no corresponde que el Estado destine recursos públicos para cubrir riesgos individuales que no estén previstos en el marco legal", haciendo alusión al artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que establece la garantía del cumplimiento de sus obligaciones con cargo a su propio peculio.

Varios pronunciamientos

En el apartado de "antecedentes" la CGR hace referencia a una consulta similar formulada por Hacienda en enero pasado, la cual fue respondida por el órgano fiscalizador a través del oficio DFOE-DEC-0100 en el que se advirtió que "cualquier intento de trasladar al patrimonio público responsabilidades personales o de otorgar beneficios directos a funcionarios públicos sería incompatible con el principio de legalidad".

Además, consideró que, si bien la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que "el legislador reservó al Estado la competencia para determinar cuáles son sus necesidades" (...) el ámbito de discrecionalidad se encuentra sometido a los límites que le impone el ordenamiento jurídico de forma expresa o implícita, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable".

En ese orden, la CGR concluyó que "la contratación de seguros con recursos públicos no puede utilizarse como un mecanismo para otorgar beneficios personales a los funcionarios, pues debe responder exclusivamente a necesidades institucionales legítimas, vinculadas con las funciones y atribuciones legales de la entidad respectiva".

La intención del Ejecutivo con este producto contratado al Instituto Nacional de Seguros (INS) sería brindar responsabilidad civil a jerarcas que pudiesen enfrentar procesos legales en función de sus cargos, siempre y cuando no se evidencie la presencia de dolo, según ha justificado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como el vicepresidente de la República, Stephan Brunner.

El caso ha sido investigado por los diputados en una Comisión Especial.