Mayoría de Corte Plena avala recorte de ¢13.000 millones al presupuesto de 2026, la mitad de lo solicitado por el Gobierno
Decisión se dio con 13 votos a favor y ocho en contra. “Es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos”, manifestó a los magistrados la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero
29/06/26 | 12:46pm
La Corte Plena aprobó, por mayoría, un recorte de ¢13.242 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026, equivalente a la mitad del ajuste de ¢27.000 millones solicitado por el Gobierno.
La decisión fue respaldada por 13 magistrados, mientras que ocho votaron en contra y una se abstuvo, esto en medio de un debate sobre el impacto que tendría la reducción en el funcionamiento de la justicia.
Esta es la respuesta del Poder Judicial a la solicitud de reducción del 5% del presupuesto 2026 que realizó la semana anterior el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Análisis técnico
Previo a la votación, la Corte Plena recibió el análisis de los expertos de cada área del Poder Judicial sobre la petición que realizó el gobierno.
El director jurídico, Rodrigo Campos, dijo que antes de solicitar el recorte se debía hacer la consulta al Poder Judicial, cuestionó el monto del 5% de reducción que se pide y manifestó que la solicitud es procedente, más no “vinculante u obligatoria”.
El funcionario dijo que la Corte Plena tiene la posibilidad de rechazar o acoger el planteamiento.
“Nuestra recomendación es que este colegio valore acoger el planteamiento que hacen los órganos técnicos como alternativa ante el Ministerio de Hacienda, toda vez que si estimamos que el monto de los ¢27.000 millones sí implica una incidencia muy grave en la continuidad, calidad del servicio y la seguridad ciudadana”, señaló Campos.
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Al tomar la palabra la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que se hizo un análisis de la posibilidad de recorte que pide el Poder Ejecutivo y señaló que si se toman en cuenta recursos disponibles, contrataciones fallidas y recursos que aún Hacienda no gira, se propone una opción posible de rebajo del presupuesto 2026 de ¢13.242 millones.
“… debo enfatizar que este es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos, más allá de esto no es viable, estaríamos afectando más el quehacer institucional ya que los recursos son escasos”, manifestó Romero al explicar la recomendación técnica de rebajo del presupuesto para el segundo semestre, lo que representa la mitad del monto que les pide el Ejecutivo.
Para el 2027, la propuesta preliminar de recorte que avalaría el Poder Judicial será de ¢6.378 millones, así lo manifestó el director de Planificación de la entidad, Allan Pow, al enfatizar en que la propuesta es preliminar porque el análisis del presupuesto tarda meses y la petición de reducción se emitió la semana anterior.
Los expertos manifestaron que el recorte previsto afectaría la posibilidad de abrir nuevas oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la contratación de custodios (personal de cárceles) y nuevos fiscales.
Para explicar la trascendencia de los recortes, la Corte Plena también recibió al director del OIJ, Michael Soto, y a la fiscal subrogante, Karen Valverde. Ambos manifestaron su preocupación por el debilitamiento del sistema judicial y el riesgo de desmejora al servicio público de atención a denuncias y ataque a la criminalidad.
Sobre la propuesta de recorte preliminar al anteproyecto de presupuesto del 2027, 19 magistrados votaron en contra, al argumentar que se trata de recursos que aún no están aprobados.
Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo solicita al Poder Judicial un recorte de cerca de ¢27.000 millones también para el próximo año.
Posición de magistrados
Los magistrados en contra cuestionaron la petición y aseguraron que provocaría una afectación “severa” a la institucionalidad y el funcionamiento de la justicia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Los altos jueces agregaron que reducir el presupuesto debilita a la institucionalidad “y la impunidad gana espacio”.
“No voy a ceder los recursos que es para atender a la gente mas vulnerable”, dijo la magistrada Roxana Chacón.
“¿Quién va a asumir la responsabilidad de precarizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico?”, cuestionó el magistrado Carlos Zamora, al agregar que el recorte provocará una grave afectación al funcionamiento del Poder Judicial.
Los magistrados explicaron que el presupuesto de este año y el próximo, a los cuales se les piden reducciones, ya fueron reducidos de previo y que no es posible seguir aplicando recortes.
El magistrado Fernando Cruz manifestó que se ha perdido el respeto al Poder Judicial y que la petición del Poder Ejecutivo tiene, a su criterio, “vicios de inconstitucionalidad”.
Los magistrados que votaron en contra de la propuesta de recorte también cuestionaron la petición de Hacienda al asegurar que no justifica por qué se pide un recorte del 5% y aseguran que el porcentaje no tiene una base técnica que la respalde.
“No es un simple ajuste presupuestario, es una decisión que incide directamente en la capacidad institucional del Poder Judicial para cumplir con su mandato”, señaló por su parte el magistrado Gerardo Alfaro.
“Esta solicitud es perversa”, manifestó el magistrado Jorge Araya al agregar que “nos dicen que barramos, pero se nos paran en la escoba”.