Dinero de procesos judiciales estará en manos del Poder Ejecutivo, advierte directora de la entidad tras orden de Hacienda sobre acceso a cuentas bancarias
Poder Judicial emitió oficio de aclaración y adición al Ministerio de Hacienda
05/10/26 | 16:34pm
El dinero que corresponde a resultados de procesos judiciales estará en manos del Poder Ejecutivo y esto pone en riesgo la disponibilidad e inmediatez para su uso, lo que a su vez afectaría a los usuarios.
Así lo advirtió este lunes la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, al analizar el oficio enviado la semana anterior por el Ministerio de Hacienda donde se ordenó al Poder Judicial poner a disposición de Tesorería Nacional dos cuentas bancarias donde manejan intereses por depósitos judiciales.
Se trata de dos cuentan del Banco de Costa Rica donde se deposita el dinero involucrado en procesos judiciales como pensiones, sucesorios, entre otros.
Ante esto, el Poder Judicial ya envió al Ministerio de Hacienda una solicitud de aclaración y adición y a la espera de la respuesta alistan nuevas acciones a tomar.
Romero explicó que la orden que emite Hacienda se da en medio de un proceso de coordinación que se tenía en desarrollo para implementar un control sobre esas cuentas; sin embargo, “de manera sorpresiva” se recibió dicho oficio.
La funcionaria explicó que la intención del Poder Ejecutivo es tener a su cargo dinero que corresponde a recursos de terceros y que dicha acción representa diversos riesgos operativos, patrimoniales, jurídicos, de servicio e institucional.
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“Son recursos de naturaleza privada, pero que están a cargo de un ente público”, explicó en Corte Plena la directora ejecutiva del Poder Judicial al agregar que esto representa una amenaza a la independencia de Poderes.
Romero dijo que en la línea de conversación y coordinación que se tenía con Tesorería Nacional se tenía claro que debían matricularse dichas cuentas para que los saldos aparecieran dentro de la contabilidad del Estado, pero se tenía claro que era únicamente el registro.
Sin embargo, ahora el oficio de Hacienda les ordena en el oficio que deben darles apertura y trasladarse los intereses, lo cual es contrario a lo conversado y se califica de “confuso”.
Las cuentas en controversia registran (con corte al 14 de septiembre) un total de ¢262 mil millones y ¢50 mil millones, dinero que registran constantes movimientos.
Entregar el uso de dicho dinero pone en riesgo, señala el Poder Judicial, la dependencia operativa de la entidad, la liquidez inmediata y genera alta incertidumbre jurídica y posibles reclamos.
“Aquí vamos a tener los procesos judiciales en el Poder Judicial y la plata de esos procesos judiciales en el Poder Ejecutivo”, explicó Romero al señalar que están a la espera de la respuesta de Hacienda.
Ante esto, la Corte Plena tomó el acuerdo de avalar el análisis de futuras acciones, con el apoyo de los magistrados expertos en la materia y convocar una reunión extraordinaria en el momento en el que reciban la respuesta de la Administración para generar los reclamos que correspondan en las vías que sean necesarias.
El director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, explicó que la orden que emitió Hacienda pone en riesgo la liquidez a favor de las personas involucradas en procesos judiciales y que no son recursos que se utilicen por parte de la entidad.
El funcionario dijo que las cuentas tienen recursos a los que acceden quienes deben retirar pensiones alimentarias, trabajadores a quienes se les realiza un depósito judicial o incluso empresas.
“Apenas llegue la respuesta, inmediatamente se pondría en conocimiento de todas y todos sin excepción, de las magistraturas, y desde ya estamos trabajando con las magistraturas que tradicionalmente nos apoyan en eso por la especialidad sin perjuicio de que haya una reunión de Corte para analizarlo, porque es un tema muy delicado”, manifestó la presidenta en ejercicio de la Corte Plena, la magistrada Damaris Vargas.