Planta para tratar aguas residuales que se vierten al estero de Puntarenas debe estar lista en cinco años, ordena la Sala IV al AyA
Falta de presupuesto fue alegada por la institución ante los magistrados para concluir proyecto
29/10/25 | 11:10am
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un regidor de la Municipalidad de Puntarenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ordenando a esta institución completar en un plazo máximo de cinco años una planta de tratamiento de aguas residuales, mismas que hoy son vertidas en el estero de ese cantón.
Para cumplir con el mandato, se instruye la coordinación con la Municipalidad de Puntarenas y el Área Rectora de Salud de Puntarenas, estableciendo distintos periodos para el desarrollo de esta obra.
En ese orden, en seis meses a partir de la notificación de la sentencia No. 2025034789 del pasado 24 de octubre, se debe tener por dispuesto un plan para evitar afectaciones a la salud de los habitantes del lugar mientras se implementa la solución definitiva.
Asimismo, en tres años tiene que estar concluida la primera etapa del denominado "Alcantarillado Sanitario de Puntarenas", para dos años más tarde tenerse por finalizado todo el proyecto.
De acuerdo con los alegatos del recurrente, este acusa que, pese a la existencia de un problema en el alcantarillado sanitario de Puntarenas, el AyA "no ha implementado medidas correctivas adecuadas, perpetuando la contaminación y el riesgo de la población".
En respuesta, desde el ente rector se indicó a los magistrados que se han impulsado proyectos a lo largo del tiempo para asegurar el adecuado saneamiento de las aguas residuales en distritos como Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos, solo se cuenta con financiamiento para la etapa I del proyecto que impactará a un sector del distrito de Barranca.
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¿Burocracia?
Ambas partes mostraron este miércoles en el programa Nuestra Voz su anuencia a dar por concluido este proyecto de larga data y necesario para garantizar condiciones salubres en las comunidades porteñas.
Sin embargo, de acuerdo con Mario Rodríguez, el miembro del Concejo Municipal que presentó el amparo, tras la resolución de la Sala se requiere de un proceso que debe seguirse al seno de este foro para remitir a la Administración, y de ahí al AyA, la metodología sobre la cual se basará el aporte del gobierno local en este proyecto.
Por su parte, la presidenta del AyA, Lourdes Sáurez, admitió que desde que inició su gestión no ha habido un acercamiento por parte de las autoridades municipales puntarenenses en torno al tema en cuestión.
Por este caso, tramitado bajo el expediente 25-027643-0007-CO, el AyA fue condenado al pago de las costas, daños y perjuicios que sirvieron de base a la declaratoria. Respecto a la votación, el magistrado Luis Fernando Salazar puso nota, mientras que la magistrada Anamari Garro salvó el voto y declaró sin lugar el recurso en todos sus extremos.