“No existen elementos probatorios” de un plan delictivo en caso Gandoca-Manzanillo, según juez que rechazó medidas cautelares pedidas por Fiscalía

El juez Félix Castellón, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, determinó que "no existen elementos probatorios" para señalar que hubo un plan delictivo en el caso Gandoca-Manzanillo, por el que se investiga al empresario de apellidos Pacheco Dent y tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) por la aparente práctica de tala ilegal en el Refugio de Vida Silvestre. 

Así consta en la resolución dictada el 5 de agosto, en la cual rechaza las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, y de la cual AmeliaRueda.com tiene copia.

A Pacheco Dent se le investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción habían pedido como medida cautelar la revocatoria de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados, en apariencia, de forma irregular, por el Sinac. Asimismo, se pidió la detención de cualquier movimiento de tierra en las propiedades del sujeto, así como impedir el tránsito de vehículos y personas, retirar a los trabajadores y maquinaria relacionada con tala de árboles o construcción de obras.

Sin embargo, el juzgador ahora señala que el empresario "gestionó ante la Administración Pública" los permisos necesarios y que "tiene derecho de propiedad". Es decir, que la tala se realizó en su propiedad privada con la documentación necesaria. También indica que Pacheco Dent presentó ante la Municipalidad de Talamanca su "Plan Máster" con el objetivo de desarrollar un proyecto urbanístico y "aprovechar el terreno en cuestión". 

La posición del Juzgado es que "más allá de la gravedad que tiene el hecho desde la óptica ambiental, no hay elementos que determinen la existencia de un plan previo", por lo que la "discusión de una sede penal" es "prematura". Asimismo, sugiere que la conducta de Pacheco Dent podría "estimarse no culpable" porque el empresario se asesoró de un perito y que el imputado no tiene criterio técnico porque es "experto en cine y no en ciencias forestales". 

Sin medidas a funcionarios de SINAC

En relación a los funcionarios del Sinac de apellidos Campbell y Cruz, a quienes la Fiscalía pidió suspender de sus cargos, el Juzgado también argumentó que ninguno es experto en Ciencias Forestales. El Tribunal considera "improcedente" pedir su criterio profesional para frenar la tala, como dijo la Fiscalía que era su responsabilidad. Según el expediente, no se observa "en ninguno de los autos" evidencia de "coautoría", por lo que su inacción no puede considerarse delito. 

Contra los funcionarios del Sinac se había solicitado, además de su suspensión, el impedimento para acercarse a las oficinas de esta dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía.

El Juzgado también se refirió al fallo de la Sala Constitucional de 2019, que ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la Procuraduría General de la República delimitar el área del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, con el fin de incluir en un nuevo trazado 188 hectáreas boscosas de esa zona protegida.

Sobre ese fallo, la Procuraduría ha ordenado Instituto de Desarrollo Rural (Inder) la recuperación de 137 propiedades privadas en las cercanías del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Al respecto, el juez consideró que dicho voto de la Sala “no impide a la Administración Pública entrar a valorar gestiones como las planteadas por el imputado Pacheco-Dent”.

“... a la fecha no se han reivindicado las tierras al REGAMA (Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo) y más allá de que a futuro se reivindiquen esas tierras conforme la orden constitucional y que el imputado Pacheco Dent tenga una intención urbanística sobre tal territorio, tal intención es un acto meramente de ideación, que incluso sería ilógico pues al final su propiedad sería reinvidicada total o parcialmente al REGAMA“, estimó el juez.

La Fiscalía tiene la posibilidad de apelar la decisión del Juzgado e insistir con la petición de medidas cautelares.