
Cámara empresarial acude a Sala IV alegando violando al derecho a la propiedad intelectual y libertad de comercio
23/06/23 | 11:00am
El sector piñero y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) chocan por la información de los sembradíos de la piña rosada en Costa Rica. Específicamente, por las compañías que cosecharon el producto de forma ilegal recientemente.
El órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comunicó el pasado 12 de junio que, tras un operativo en cinco fincas en Pital de San Carlos, de las cuales se corroboró la existencia de esa ilegalidad, se destruyeron las áreas de siembra en tres de las propiedades y en las otras dos se levantaron actas.
La única empresa autorizada para sembrar el producto para exportación es Fresh del Monte, por lo cual, cualquier otra compañía que se encargue de efectuar esa acción representa una acción contraria a la legislación nacional.
La información sobre las empresas que habrían infringido el marco jurídico nacional es incierto puesto que el SFE no hace pública dicha información por estar "en proceso de investigación", lo cual motivó a que la Cámara Nacional de Productores Piñeros (Canapep) acudiera a la Sala Constitucional.

La piña rosada únicamente es producida y comercializada por Fresh del Monte. Nadie más está autorizada. (Foto: MAG).
El sector piñero acudió al Tribunal Constitucional con el fin de solicitar "que se declatre la inercia administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado para intervenir las plantaciones ilegales de la piña rosada en diversas zonas del país".
Desde la oficina de comunicación de la Sala Constitucional confirmaron a AmeliaRueda.com que el expediente se tramita bajo el expediente 23-014521-0007-CO, el cual se encuentra en estudio de admisibilidad.
En dicho recurso alegaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería otorgó a la empresa Fresh del Monte la aprobación exclusiva para investigar y desarrollar una nueva variedad de piña luego de que la compañía cumplieron con los protocolos correspondientes, entre ellas, el registro de la propiedad intelectual, permisos de producción y exportación.
En la medida constitucional pidieron al SFE implementar las medidas cuarentenarias en aquellas plantaciones en las cuales se encontró la existencia de esa variedad de fruta, pues no es sino hasta la floración que se produzca el que se pueda evidenciar si son piñas rosadas en etapas de desarrollo.
De acuerdo con la Sala, la representación piñera alegó una violación al derecho de la propiedad intelectual, a la libertad de comercio y el derecho de atención a la salud en perjuicio ciudadano, así como también refleja una amenaza a la libertad de comercio.

El presidente de la Canapep, Abel Chaves, dijo a AmeliaRueda.com que la información sobre las empresas piñeras que incurrieron en la siembra ilegal del producto debe conocerse para determinar si las mismas están afiliadas a la cámara empresarial.
Chaves agregó que de comprobarse esa situación se iniciará de manera inmediata con un procedimiento administrativo, así como también una solicitud al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para que se realicen los retiros a esas empresas de la marca país.
El representante añadió que en el caso de la piña rosada ya se realizaron las instancias ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que la misma pueda venderse en el mercado local. Hoy día, el producto solo se produce para exportación.
Abel Chaves, presidente Canapep
Sobre la libertad empresarial y comercial, detalló que su principal preocupación es que ese sembradío ilegal pueda traer repercusiones a los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
El empresario mencionó que la cámara está de acuerdo con que se produzca la piña rosada y que la misma sea consumida en el país. Actualmente, solo se puede producir, pero no consumir.
Desde el Servicio Fitosanitario del Estado indicaron que no pueden adelantar criterio por el caso estar en investigación.
El director del SFE, Nelson Morera, informó que las fincas visitadas y las áreas de siembra encontradas con la fruta no tenían autorización de las entidades competentes.
Morera señaló que con base en esa información, los funcionarios del SFE elaboraron los reportes y las respectivas actas para que se llevara a cabo la destrucción de las áreas identificadas en coordinación con los encargados de las tres plantaciones.
Nelson Morera, director del Servicio Fitosanitario del Estado
En el caso de las otras dos se debió levantar un acta para remitir a las autoridades judiciales debido a que hubo negativa para la colaboración.
Al respecto señalaron que habrá un seguimiento a las fincas para verificar que se cumplan con las medidas fitosanitarias efectivas, pero que mientras la investigación esté en curso, no pueden referirse con tanta profundidad al tema.
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