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Archivo. Imagen con fines ilustrativos

Pérdidas económicas en obras viales por emergencias climáticas superaron los ¢86.000 millones en cinco años, revela informe de la Contraloría

Documento señala que MOPT y Conavi desarrollan proyectos sin analizar posibles amenazas del clima y realizan labor reactiva y no preventiva

12/08/26 | 11:09am

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) desarrollan proyectos viales sin analizar las posibles amenazas del clima, lo que provoca que en el país se sigan construyendo obras vulnerables y con posibilidad de sufrir daños recurrentes. 

Así lo alerta el informe DFOE-SOS-RF-00003-2026 emitido este miércoles por la Contraloría General de la República (CGR) donde se analizó la gestión pública en la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vial. 

Para el ente contralor, existen múltiples oportunidades de mejora y es necesario que el MOPT y el Conavi consideren en la planificación y ejecución de obras las amenazas naturales, las variaciones climáticas y proyección de cambio climático. Además, se menciona la necesidad de realizar estudios técnicos especializados en áreas como la hidrología y geología, lo cual permitiría modelar el riesgo en etapas tempranas de un proyecto vial. 

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El sistema de inversión actual que carece de evaluaciones climáticas aumenta la probabilidad de daños ante emergencias, genera sobrecostos, aumenta la posibilidad de cierres viales y genera gastos millonarios en reparación y reconstrucción de activos, alerta el ente contralor.

“Como evidencia, se han reportado a nivel nacional pérdidas económicas en obra pública gestionada —por el MOPT y Conavi— por emergencias declaradas entre 2021 y 2025 que ascienden a aproximadamente ¢86.000 millones. De esta forma, se invierte en reparar y reconstruir infraestructura que muy probablemente volverá a fallar ante el próximo desastre climático”, concluye la Contraloría en su informe. 

Resultados

No existe un inventario de infraestructura crítica, en la mayoría de los proyectos no se realiza una evaluación de riesgos por emergencias climáticas (35 de 37) y esto ha representado gastos millonarios en la reparación de daños durante el período analizado (2021 al 2025). 

“La Evaluación de Riesgos es indispensable para asegurar la operatividad de la infraestructura vial ante eventos climáticos extremos. Su implementación deficiente perpetúa un modelo de gestión reactivo enfocado en la reparación y la reconstrucción, lo cual disminuye la eficiencia del gasto público, deja de lado la prevención, compromete la vida e integridad humana y limita la capacidad del Estado para proteger a las poblaciones vulnerables”, señala la Contraloría. 

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El análisis realizado revela que las entidades involucradas en el desarrollo de obras viales a nivel nacional, MOPT y Conavi, tienen limitaciones en su capacidad para priorizar, planificar y ejecutar infraestructura resiliente. 

Estos factores generan que exista un “ciclo de vulnerabilidad”.

“… el Conavi y MOPT planifican, ejecutan y operan la infraestructura vial bajo incertidumbre técnica lo cual limita drásticamente la capacidad de prever los impactos del cambio climático, obligando al Estado a soportar ineficiencias financieras al concentrar sus esfuerzos y presupuestos en reparar infraestructura que volverá a fallar (enfoque reactivo), en lugar de construir con un enfoque preventivo integral, lo que menoscaba la confianza ciudadana y la continuidad del servicio.

“La ausencia de modelos estructurados de gobernanza de datos y de inventarios de criticidad impide basar las decisiones de inversión en la evidencia científica y en escenarios que toman en cuenta el cambio climático”, agrega el reporte. 

Para los expertos, tomar en cuenta los riesgos por amenazas climáticas es fundamental para evitar fallos en la red vial nacional e incluso las interrupciones de paso en el servicio de movilidad, lo cual afecta el transporte de personas, mercancías y atención de emergencia. 

“Al no gestionar el riesgo desde la etapa de preinversión y carecer de planes financiados de mantenimiento en la fase de postinversión, la infraestructura pública de movilidad enfrenta un deterioro acelerado y una obsolescencia temprana”, señala la CGR.

Ante esto, se señala con urgencia la necesidad de evaluar riesgos climáticos, asegurar recursos para la preinversión, formalizar modelos de gobernanza de datos, mejorar las capacidades institucionales y generar un inventario físico de análisis sobre el estado de la infraestructura vial y su nivel de exposición ante el cambio climático.

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