“Se habla de una pérdida materializada de más de $80 millones” por caso Coopeservidores, según comisión del Colegio de Abogados

María Isabel Bonilla, miembro de la comisión del Colegio de Abogados que impulsa una reforma a la Ley General de Asociaciones Solidaristas, afirmó en el programa Nuestra Voz que 350 de estas asociaciones de trabajadores fueron "impactadas" por el caso de Cooperservidores. "Se habla de una pérdida materializada de más de $80 millones", dijo la abogada. 

Para Bonilla, este monto de pérdidas debería ser una "alerta" para el sector, debido a la intervención que se realizó el pasado octubre en la Financiera Desyfin S.A. La abogada señaló que esta intervención podría seguir el esquema de Cooperservidores y Aldesa, cuyas quiebras causaron pérdidas millonarias para los ahorrantes. La profesional cree que hay un problema de fondo sobre cómo las asociaciones realizan sus inversiones. 

"Aunque hay asociaciones que de forma responsable hacen inversiones y han tomado medidas para proteger a sus asociados, la última revisión de cartera en diciembre señala que hay algunas que hicieron inversiones altísimas comprometiendo el ahorro obrero y que invirtieron sin ningún criterio", agregó Bonilla. 

El 50% de lo que se invirtió, según la abogada, registra una pérdida materializada que va desde los ₡70 millones hasta los ₡7.000 millones. "En algunas se han tomado decisiones más drásticas afectando los ahorros de los trabajadores", apuntó. 

De acuerdo con la entrevistada, al igual que en el caso Coopeservidores, hay "muchas asociaciones" hoy que no tienen reglamentada la forma en que pueden invertir, lo cual es permitido por la ley actual que rige desde hace 40 años y es parte de las razones por las que buscan reformarla. "Es preocupante que, a pesar de que la ley dice que la junta directiva es la competente para emitir normativa en asunto internos, esto queda muchas veces a criterio de un administrador o de un presidente de una junta", aseveró.

Bonilla explicó, además, que hay asociaciones que, por un "riesgo de contagio en su empresa", han manejado esto de forma "confidencial" y no hay total claridad sobre cómo y dónde han invertido. En ese sentido, la abogada considera que hay responsabilidad de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). "Hay muchos costarricenses que hicieron inversiones basados en lo que dice la Sugef. Se deben sentar responsabilidades", afirmó. 

Potestades para las asambleas generales

Marcos Amador, presidente de la Comisión de Derechos Laborales del Colegio de Abogados, dijo también en Nuestra Voz que, incluso desde antes de la quiebra e intervención de Coopeservidores, desde la Federación Costarricense de Cooperativas del Sector Privado planteaban la necesidad de una reforma integral de la ley. Las asociaciones solidaristas, de acuerdo con Amador, crecieron "exponencialmente" en esto 40 años, por lo que la ley se fue quedando "rezagada" en diversos aspectos. 

Tanto Amador como Bonilla hicieron hincapié en la necesidad de la "autorregulación" para mejorar la forma en que operan estas asociaciones. "Hay que autorregularse con más fuerza, crear seguros para paliar contingencias, traer la ley al momento actual en cuanto a la composición de la juntas directivas", agregó Amador. El abogado señaló que el presentar el proyecto de ley por medio de iniciativa popular evitará que este tenga "un sesgo político". 

Uno de los grandes problemas de la organización actual de las asociaciones, según Amador, es la "responsabilidad muy grande de los directivos". Por ello, uno de los puntos clave de la reforma es dar más potestades a las asambleas generales para que puedan dar "un sí o un no" a los directivos a la hora de tomar decisiones. 

"Este poder de las juntas directivas es muy peligroso cuando estamos hablando de un gran capital que compromete el aporte patronal". Debido a esto, los abogados también plantean que quienes conformen las juntas deban llevar "cursos de administración en solidarismo". 

Amador enfatizó en la urgencia de estas reformas por el momento crítico que atraviesa el sector solidarista: "Ha habido una desbandada de gente que se retira de las asociaciones. Están poniendo en riesgo el aporte patronal y sus ahorros. Hay patronos que se cuestionan ya si es rentable. Es un tema sumamente delicado para el sector, estamos hablando de millones que se están perdiendo y es plata de los trabajadores". 

El abogado dijo también que el Estado tiene la "obligación" de impulsar a las asociaciones solidaristas y que hay "entidades" a las que les corresponde la "vigilancia de esos dineros y se hacen de la vista gorda". "Aparecen después de que suceden las cosas con sus interventores", agregó. 

En Costa Rica actualmente están inscritas 1.384 asociaciones. El 80% de estas son del sector privado, de acuerdo con la comisión del Colegio de Abogados.