El documento señala que la austeridad fiscal, los recortes en educación y salud y la desigualdad “generan riesgos para el bienestar de la población y la estabilidad social”
14/11/24 | 09:32am
El Informe Estado de la Nación 2024 muestra la imagen de una Costa Rica en un punto de inflexión. El documento advierte que el país se enfrenta a una situación "peligrosa" que podría "desestabilizar los logros históricos" en desarrollo humano, sostenibilidad y democracia que lo caracterizaron por décadas. Los investigadores son claros en las razones: las políticas de austeridad fiscal, sumadas a recortes en educación y salud y una desigualdad en la distribución de recursos. Estos factores generan "riesgos para el bienestar de la población y la estabilidad social".
Los datos que analiza el Informe apuntan una serie de tendencias que, si bien se vienen dando desde hace más de cuatro años, se han potenciado durante la Administración Chaves Robles. Ese es el caso de la inversión social pública (ISP) por habitante, que ha sufrido "una desaceleración", especialmente en sectores "clave" como educación y salud durante el actual Gobierno.
"En el 2023, la inversión en educación cayó un 1,6% y la de salud un 1,4% por habitante, colocándolas por debajo de los niveles del 2010", se lee en el documento.
En 2023, la disminución de inversión en educación afectó "a todos los niveles educativos, pero principalmente a preescolar, primaria y universitaria". Cabe recordar que el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para el año 2024 fue más bajo de los últimos 10 años, un 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Asimismo, el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), que según la Constitución Política debe ser de un 8% del PIB, ha sido motivo de conflicto entre las universidades y el actual gobierno, que negó dar el incremento del 2% que los rectores exigían.
Sin embargo, el Informe indica que las reducciones van más allá. Desde el 2020, los incentivos para estudiar "también fueron reducidos". De acuerdo con los investigadores, el programa Avancemos, dirigido a estudiantes de secundaria, tuvo un recorte presupuestario del 40% entre el 2020 y el 2024. Como consecuencia, el número de personas beneficiadas "cayó drásticamente", pasando de 417.000 en el 2021 a 290.000 en el 2023. "En términos reales, el manejo político del gasto público ha sacrificado los recursos para financiar la educación", afirmó la investigadora Natalia Morales, una de las autoras del Informe.
En cuanto al sector salud, el documento apunta que existe una "disparidad que profundiza las desigualdades territoriales". En el 2023, se lee, el presupuesto por paciente "varió significativamente" entre áreas de salud. Por ejemplo, mientras en Pérez Zeledón fue de ₡48.696, en San Rafael de Puntarenas alcanzó los ₡430.974, una diferencia de casi nueve veces. Esta asignación, según el informe, no corresponde "con el perfil epidemiológico o las necesidades sanitarias de cada territorio", lo cual "limita el acceso a servicios en zonas rurales y afecta la equidad en el sistema de salud".
El Informe hace un paralelo entre la situación actual de Costa Rica y la que atravesó en los años ochenta durante la crisis económica, a la cual el país respondió con recortes y austeridad fiscal. "De manera similar a los ajustes aplicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años ochenta, el país ha reducido el gasto público total del 9% al 3% del PIB entre 2019 y 2023", señalan los investigadores. Sin embargo, Costa Rica continúa enfrentando desafíos de sostenibilidad fiscal. Según Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación, "mientras el esquema tributario del país no sea actualizado, el tamaño del crédito del Gobierno siga siendo muy alto y el sector productivo que paga más impuestos crezca poco, el país seguirá enfrentando problemas de sostenibilidad fiscal".
En el 2023, la deuda pública se ubicó en un 61% del PIB, y la falta de inversión "limita la posibilidad de desarrollar políticas sociales que garanticen el desarrollo humano sostenible". Las proyecciones del Informe indican que, de mantenerse la actual política fiscal, el presupuesto destinado al MEP y programas sociales como Avancemos podría "continuar disminuyendo entre 2025 y 2029, impactando a largo plazo a las poblaciones más vulnerables".
El Informe concluye que, sin "reformas profundas" que aseguren la solvencia fiscal sin deteriorar el desarrollo humano, Costa Rica podría enfrentar un "retroceso significativo".
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