Diputados oficialistas cuestionan crédito de ¢128 millones a Patricia Solano; magistrada califica de “ilegal” investigación
Asegura que es víctima de una campaña de ataques y desprestigio
02/11/26 | 12:04pm
Diputados del oficialismo cuestionaron este lunes las condiciones del crédito hipotecario de ¢128 millones que recibió la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por parte de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (Asosejud), así como aspectos relacionados con la póliza de saldo deudor y los depósitos de cesantía vinculados con su relación laboral con el Poder Judicial.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Solano calificó de “ilegal” la investigación legislativa y sostuvo que el órgano no tiene competencia para indagar una operación crediticia que considera privada.
La magistrada aseguró que cumplió con los procedimientos y requisitos establecidos para obtener el préstamo, destinado a construir una vivienda en Parrita, Puntarenas. También afirmó que cuenta con capacidad de pago y que la información correspondiente ha sido declarada ante la Contraloría General de la República (CGR).
Según Solano, la investigación forma parte de una campaña de ataques y desprestigio en su contra, que relacionó con su interés en reelegirse como magistrada.
“Si algún delito se ha cometido es de las personas que han hecho intromisión en mi vida privada”, manifestó.
La funcionaria también anunció que presentará las denuncias correspondientes por lo ocurrido y buscará establecer responsabilidades por el sobrevuelo de un dron en su propiedad y vivienda.
Cuestionamientos del oficialismo
Tras la exposición inicial, el diputado oficialista Antonio Barzuna cuestionó las condiciones de la póliza de saldo deudor asociada con el préstamo, cuyo plazo llevaría a la magistrada a terminar de pagarlo a los 96 años.
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“¿Le aplicaron algún recargo en la tarifa que usted obtuvo en la póliza de saldo de deudor, sí o no?”, preguntó Barzuna.
Solano respondió que desconoce los detalles sobre el costo de las pólizas, pero aseguró que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le realizó numerosos exámenes antes de otorgarle la cobertura.
“En realidad, cuál es el costo de las pólizas es un tema en el cual yo no me desenvuelvo; sin embargo, sí le puedo decir que me revisaron casi, y al Instituto Nacional de Seguros solo le faltó pedirme la certificación de bautismo. Me hicieron todos los exámenes habidos y por haber”, manifestó.
Ante esa respuesta, Barzuna anunció que solicitará la comparecencia de representantes del INS para que expliquen las condiciones de la póliza y el riesgo asumido por la aseguradora estatal.
“La expectativa de vida en Costa Rica es de 82 años de edad y usted tiene un crédito hasta los 96 años de edad; por lo tanto, probablemente usted muera antes de terminar de pagar el préstamo. Es decir, todos los costarricenses vamos a terminar pagando, al ser una aseguradora del Estado, el saldo de su crédito”, afirmó el legislador.
La eventual responsabilidad de la aseguradora ante un fallecimiento y las condiciones específicas de la cobertura deberán aclararse con el INS.
Dudas sobre cesantía
El diputado oficialista José Miguel Villalobos también defendió la legitimidad de la comisión para realizar la investigación y cuestionó los depósitos de cesantía que recibe Asosejud en relación con Solano.
Villalobos señaló que la magistrada fue nombrada en 2018, después de pensionarse en 2017, y preguntó por qué se mantienen depósitos de cesantía vinculados con su relación laboral con el Poder Judicial, pese a que, según su interpretación, ella ya habría recibido ese beneficio al jubilarse.
“Eso entra a los fondos de la asociación”, respondió Solano. Villalobos sostuvo que la magistrada no tendría derecho a recibir esos montos.
La diputada oficialista Marta Esquivel también cuestionó la situación y afirmó que debe analizarse la condición particular de Solano, quien fue nombrada magistrada después de su jubilación.
“Aquí hay fondos públicos, claramente, el pago de cesantía adelantada para una persona que no tiene derecho a cesantía, discúlpeme, pero es gravísimo, es gravísimo y, por supuesto, que si eso pasa en el Poder Judicial obviamente no les van a alcanzar los recursos, porque habría que ver cuántas personas podrían estar en esa misma condición”, manifestó Esquivel.
Los señalamientos de los legisladores se refieren al origen y destino de esos depósitos. Para determinar si existe alguna irregularidad, es necesario contrastarlos con la información del Poder Judicial y de Asosejud.