Panorama de “ecocidios” que enfrenta el país debe combatirse con reformas legales, dice Fiscal Ambiental

El incremento de los delitos contra el ambiente, sumado a sanciones que inician desde multas hasta cárcel por cortos periodos debe motivar a los legisladores a avanzar en iniciativas de reformas legales que permitan a la administración de justicia proceder con mayor severidad respecto a este tipo de acciones, según Luis Diego Hernández, Fiscal Ambiental.

"Hay un proyecto de ley para subir las penas porque realmente ya lo que vemos todos los días son verdaderos 'ecocidios', entonces no es posible que delitos tan graves contra el medio ambiente que nos afectan social y económicamente (...) tengan penas de tres años y no se tomen en serio", indicó Hernández en el programa Nuestra Voz.

En ese sentido, el funcionario aseveró que con la reforma planteada los castigos de prisión se extiendan hasta por ocho años, al tiempo que se "buscan" recursos por medio de las multas para la persecución de delitos ambientales.

Precisamente el expediente No. 23.952, "Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales", presentado por la fracción del partido Frente Amplio, ya cuenta con dictamen afirmativo de mayoría y aguarda su trámite en el Plenario Legislativo.

Asimismo, Hernández se refirió al resultado del más reciente índice de percepción de la corrupción por parte de Transparencia Internacional, el cual revela que tiene un "papel devastador" en la crisis climática a nivel global.

"La corrupción obstaculiza los esfuerzos de todos los países del concierto internacional del derecho ambiental para combatir el cambio climático (...) Este servidor ha hablado del fenómeno del crimen organizado transnacional en materia ambiental; hay un involucramiento de las estructuras criminales del narcotráfico en el trasiego de vida silvestre y el tráfico de tierras del Estado en donde se construyen pistas de aterrizaje y ruta de comercio de la droga", dijo.

Asimismo, se refirió al concepto de "criminalidad verde" en la que se ven involucradas instituciones encargadas de proteger el ambiente y que pueden incurrir en presuntas faltas como alteración de planos, disminución de refugios de vida silvestre o traspaso de tierras del Estado a grupos de interés económico, según dijo.

"A criterio de este servidor, realmente (la corrupción) ha llegado a nuestro país desafortunadamente, y uno lo ve en varias prácticas. Hay muchísima discrecionalidad en el otorgamiento de licencias y concesiones; entonces vemos que mientras a alguna persona le niegan el acceso a un recurso natural como el agua para la agricultura, a otros se les flexibilizan los principios, el indubio pronatura, etcétera", afirmó.

Pese a que Costa Rica logró ascender tres puntos en este índice internacional, el fiscal indicó que situaciones como el manejo de los desechos sólidos, pérdidas económicas en la agricultura, inundaciones, ríos y agua de consumo humano contaminada, pérdida de biodiversidad, representan una "lástima" en un país conocido por su liderazgo mundial en sostenibilidad.