PANI inicia levantamiento de expedientes para identificar posibles irregularidades en adopciones en Noruega de 101 niños ticos
Casos ocurrieron entre 1975 y 1992 y se realizaron a través del sistema de adopciones internacionales
13/05/26 | 09:39am
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inició un proceso de levantamiento de expedientes para identificar posibles irregularidades en adopciones realizadas en Noruega de 101 niños ticos.
Pese a que la entidad aún no recibe una solicitud de información oficial por parte de ese país, la nueva presidenta ejecutiva, María José Vega, ordenó recopilar toda la información sobre los casos que generan cuestionamientos y son parte de una investigación en Noruega.
Así lo indicó la jerarca en entrevista este miércoles en Nuestra Voz.
Se trata de adopciones realizadas por medio del sistema de adopciones internacionales que se realizaron entre 1975 y 1992 y que involucran a menores provenientes de 12 países, entre ellos, Costa Rica.
El gobierno de Noruega informó semanas atrás sobre esta investigación e incluso se nombró a un comité independiente para analizar lo ocurrido décadas atrás.
Ante las revelaciones de supuestas irregularidades en el proceso de adopción, Costa Rica figura entre los países con prioridad de investigación y se menciona también a otros como Brasil, Colombia, Bolivia, Guatemala, Indonesia, Chile, entre otros. De todos estos países se hizo el traslado de niños para su adopción en Noruega.
Medios de dicho país narran la historia de Sandra Vanessa Borhaug, quien asegura que salió del país en 1986 siendo niña para ser adoptada junto con sus dos hermanos, sin embargo, con el paso de los años buscó la manera de reencontrarse con su madre biológica, quien le manifestó que nunca otorgó un consentimiento para su adopción.
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Revisión de expedientes
Ante los hechos que narran medios internacionales, la presidenta ejecutiva del PANI manifestó que Costa Rica aún no recibe ninguna solicitud de información por parte del gobierno de Noruega, pese a eso, ya se giró la instrucción de iniciar un proceso de recopilación de la información.
“Nos hemos sentado desde la institución hacer el análisis. Ni la institución ni el país ha sido contactado por el estado de Noruega, ni por la comisión o este comité de investigación, en relación con esta investigación.
“Como institución nos hemos dado cuenta de la investigación que está en proceso por los medios de comunicación donde se ha notificado esta noticia, pero nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicado, ni solicitud de información de manera formal ni en la institución y hemos verificado también en Cancillería y demás instancias del Estado y no hemos recibido como país ninguna consulta vinculada con ese tema”, dijo Vega en el programa Nuestra Voz.
La funcionaria explicó que la entidad sí tiene guardados los expedientes y registros de todos los procesos realizados, aunque dijo que se debe tener claro que para el momento de los hechos que se investigan en Noruega el proceso era muy distinto al que rige actualmente.
María José Vega – presidenta ejecutiva del PANI
“La institución está en total anuencia de brindar información cuando se requiera; de hecho, ante esta información que hay en redes sobre los 101 expedientes o 101 personas que estuvieron en procesos de adopción y que fueron adoptados por familias noruegas ya yo giré instrucción desde el día de antier (lunes) para que se hiciera levantamiento de estos 101 expedientes, un poco para poder identificar el estado de situación”, dijo la funcionaria al explicar que la entidad mantiene expedientes por separado de cada menor que estuvo en un proceso de adopción, uno tiene que ver con la parte judicial y lo que representa la materialización de la adopción y otro reúne las causas psicosociales y legales que llevaron a la extinción de los atributos de responsabilidad parental, lo que antes se conocía como declaratoria de abandono del menor.
Para el período de 1975 a 1992, el sistema de adopciones se manejaba con procesos totalmente distintos a los que rigen actualmente, mencionó la funcionaria, lo mismo ocurre con los sistemas de información que se tenían para ese momento y en la actualidad.
La presidenta ejecutiva del PANI asegura que no se debe dejar de lado este aspecto, lo que incluye, incluso, normativas distintas.
“Cada menor de edad que ha participado en estos procesos tiene sus dos expedientes. Entonces, he solicitado que se haga el levantamiento de información del proceso completo de estos 101 casos para identificar la trazabilidad de la información, dónde están los expedientes, en qué condiciones están en caso de que la consulta pueda llegar”, dijo Vega al explicar que la consulta puede generarse a título personal por parte de los involucrados o bien por parte del gobierno de Noruega.
“Hay todo un proceso que la institución tiene establecido respecto de poder informar a personas sobre sus orígenes y sobre sus antecedentes, es un derecho guardando siempre el proceso de confidencialidad, pero la institución tiene normado cómo poder brindarle a la persona información sobre sus orígenes y sobre sus antecedentes entonces existen los expedientes a nivel institucional”, manifestó.
María José Vega – presidenta ejecutiva del PANI
En la época a la que se refieren los hechos que se denuncian desde Noruega, en Costa Rica estaba en vigencia la Ley Orgánica del PANI de 1964 y su reglamento donde se daba la responsabilidad de todo el proceso a la entidad: intervención de la familia y recomendación al juzgado.
Vega explica que todo el proceso cambió a partir de los años 90s tras un pronunciamiento de la Sala Constitucional de 1993 donde señaló que el PANI no podía ser “juez y parte”, lo que provocó una modificación a la ley y se limitó el trabajo de la entidad a la primera etapa del proceso (intervención de la familia)
En dicha década (90s) también se empezaron a generar mayores herramientas a nivel nacional e internacional sobre los procesos.
“Toda esta normativa surge después del 90, entonces, el principal periodo en el que está este cuestionamiento no tenía esta cobertura normativa nacional e internacional que además se homologa, se amalgama con el pronunciamiento de la Sala IV que vino a modificar el procedimiento con el cual se procedía.
“A partir de ese pronunciamiento de la Sala IV el proceso se judicializa entonces es el juzgado quién hace la declaratoria de restricción de la responsabilidad parental o de abandono y es el juzgado quien define los procesos de adopción”, dijo la funcionaria.
Con respecto a las supuestas irregularidades en la adopción de niños costarricenses en Noruega, Vega señaló que se debe esperar el proceder de dicho país, saber si enviarán consultas o bien conocer el resulto oficial de las investigaciones que realizan a lo interno sobre el sistema de adopciones internacionales.
La presidenta ejecutiva del PANI dijo que hasta conocer la información oficial no se podría hacer referencia a posibles responsabilidades de Costa Rica, o bien, cuáles serían las repercusiones o sanciones.