
Entidad señala que durante el proceso de intervención no se acreditaron “elementos objetivos” de riesgo o amenaza; sindicato pide abrir investigación administrativa
09/11/26 | 10:15am
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) archivó en septiembre una denuncia que alertaba de posibles riesgos para un niño de 5 años, el cual falleció el jueves anterior en Desamparados de Alajuela.
De acuerdo con las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el reporte de las personas encargadas del menor señaló que había fallecido por asfixia por atragantamiento; sin embargo, la víctima tenía diversas lesiones que no eran compatibles con dicha versión.
Ante esto se procedió con la detención de dos mujeres, una de ellas, es la madre biológica del menor; ambas permanecerán en prisión preventiva por seis meses, así lo determinó el pasado viernes la Fiscalía Adjunta de Alajuela.
En el Patronato Nacional de la Infancia indicaron que la denuncia sobre los posibles riesgos para el menor fue presentada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en junio anterior.
La vocera de la entidad, trabajadora social y de la gerencia técnica, Hellen Montoya, explicó que tras conocer lo ocurrido se hizo la revisión “integral y exhaustiva” del expediente administrativo para conocer con detalle el actuar del PANI en el caso.
Ante esto, el Patronato señala que sí se realizó un abordaje interinstitucional en compañía de la Fiscalía, la Caja Costarricense de Seguro Social y el MEP.
“La revisión de los diferentes informes técnicos incorporados al expediente permitió determinar que no se acreditaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos en perjuicio de la persona menor de edad que justificara la continuidad de un proceso especial de protección. En consecuencia, en setiembre de este año, el PANI procedió con el archivo del caso.
“También se constató que la persona menor de edad contaba con redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo”, indicaron en el PANI al agregar que no pueden brindar más detalles debido a que ahora el expediente es parte de una investigación por parte del Ministerio Público.
Pese a lo dicho por las autoridades del PANI, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitaron este lunes que se realice una investigación sobre la actuación del Patronato en este caso y determinar eventuales responsabilidades administrativas, así como exigen realizar una revisión de la gestión que llevo a cabo la Dirección Regional de Alajuela y la decisión de archivar el caso.
“Para la ANEP, esta situación genera serias interrogantes sobre los procedimientos de investigación, los criterios técnicos utilizados y los mecanismos de supervisión que debieron garantizar una intervención adecuada para proteger al niño.
“La organización advierte que la ausencia de lesiones visibles o de indicadores físicos inmediatos no es suficiente, por sí sola, para descartar posibles situaciones de maltrato, especialmente cuando existe una alerta previa de un centro educativo y se trata de una persona menor de edad en condiciones particulares de vulnerabilidad”, manifestaron.
En la ANEP es necesario analizar la atención integral que se realiza y ubicar las deficiencias estructurales que tienen los procesos de atención.
Ante esto, solicitan a la presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega, la apertura de una investigación administrativa y analizar los criterios utilizados en el caso y las eventuales responsabilidades en la atención, supervisión y archivo del expediente.
Las dos mujeres detenidas tras la muerte del menor son de apellidos Sandoval (25 años – madre biológica) y Hernández (32 años), ambas se encontraban en la vivienda al momento de realizar el reporte del fallecimiento del menor por supuesto atragantamiento.
Los hechos se registraron el jueves anterior y un día después (viernes) el Ministerio Público informó sobre la orden de seis meses de prisión preventiva como medida cautelar para ambas femeninas, las cuales ahora se investigan el delito de homicidio, tras la muerte del menor que tenían a su cargo.
“Según la evidencia disponible hasta el momento, el niño presentaba una serie de traumas, tanto antiguos como recientes, los cuales le habrían generado importantes lesiones que le causaron la muerte. Presuntamente, estos serían incompatibles con la versión dada por las imputadas, quienes indicaron que esta fue resultado de un atragantamiento.
“Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó una serie de diligencias, entre ellas la realización de una autopsia, cuyos resultados permitirán reunir evidencia para establecer las circunstancias de la muerte de la persona menor de edad”, informaron en el Ministerio Público.
El caso continúa en investigación dentro del expediente 26-006061-0057-PE.
Ante los cuestionamientos sobre el actuar del PANI, la entidad respondió que la decisión del archivo del caso correspondió a un resultado de abordaje interinstitucional.
“… ni el PANI, ni la Fiscalía, ni la CCSS determinaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad para el niño. En el expediente constan los reportes de la Fiscalía sobre la entrevista al niño y la valoración psicosocial; además, dos reportes de la Caja que no identifican situaciones de riesgo”, informó la entidad.
De manera paralela, la presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega, se manifestó este lunes ante lo ocurrido y anunció la apertura de oficio de un proceso de investigación preliminar.
“La muerte de un niño, exige tomar todas las medidas administras y judiciales que correspondan, según el debido proceso, con el fin de determinar las acciones psicosociales y legales y el adecuado abordaje en el caso. Por ello, la Presidencia Ejecutiva ordenó el inicio de un proceso de investigación preliminar sobre la gestión realizada en la Oficina Local”, agregaron en la entidad.
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