Oficialismo presiona por reforma para eliminar la doble postulación en las elecciones

La reforma constitucional para impedir que una persona se postule para la presidencia de la República y a una diputación en el mismo proceso electoral podría avanzar la próxima semana a Comisión.

Precisamente esta es la expectativa de la bancada oficialista la cual, a través de Pilar Cisneros, presionó el jueves en reunión de jefes de fracción para que el texto ocupe el primer lugar de la discusión de reformas constitucionales este miércoles a fin de que sea leído por tercera vez y ser admitido por la mayoría de los diputados.

"Casi se ha agotado el tiempo de exposición de los diputados (...) estuvimos a punto de votarlo ayer (miércoles para los lectores) y pidieron el uso de la palabra, pero ya hay muy poco uso de la palabra disponible para ese proyecto", dijo Cisneros.

La intervención de Cisneros se dio luego de que la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, propusiera colocar en el primer lugar de la agenda del miércoles el proyecto No. 24.480, el cual pretende otorgar autonomía administrativa y de gobierno al Banco Central de Costa Rica a través de una reforma parcial a la Carta Magna, y que está por recibir primera lectura.

Asimismo, la bancada del PLN pidió que se tomara en cuenta el expediente No. 23.729, que propone una reforma al artículo 36 de la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos cometidos por familiares hacia menores de edad y otras víctimas de violencia familiar y de género, el cual superó la fase de segunda lectura.

El trámite

Los alcances del proyecto No. 23.401, presentado por el diputado de gobierno Manuel Morales y firmado por la bancada oficialista, así como por la fracción de la Unidad Social Cristiana, algunos diputados del PLN y la hoy independiente Kattia Cambronero, entrarían a regir hasta las elecciones del 2030, dada la naturaleza procesal del trámite.

Tras su eventual traslado a una Comisión Especial, que tendría hasta 20 días hábiles para emitir un dictamen, volvería al Plenario para sus votaciones en primer y segundo debate con el aval de un mínimo de 38 diputados. El proceso también incluye ser remitido a la Sala Constitucional para consulta.

Posteriormente, de no contener vicios de inconstitucionalidad, sería enviado al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo mencione en su último discurso de rendición de cuentas el 4 de mayo del 2026, para luego ser sometido a tres debates, a fin de finalmente ser sancionado por el próximo mandatario.