No hubo prueba suficiente para “derribar presunción de inocencia” de algún sospechoso, alega Fiscalía tras sobreseimiento en crimen de Sergio Rojas
El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, en Buenos Aires de Puntarenas, dictó el sobreseimiento definitivo del caso
25/01/24 | 08:54am
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos afirmó que las pruebas "no fueron suficientes para derribar la presunción de inocencia" de alguna de las personas sospechosas del asesinato de Sergio Rojas, líder del pueblo autóctono bribri de Salitre.
El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, en Buenos Aires de Puntarenas, dictó el sobreseimiento definitivo del caso el pasado 8 de enero en favor de los imputados, tres hombres de apellidos Zúñiga, Zúñiga y Guevara (uno de ellos ya fallecido).
Dentro de la causa, el despacho y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo "todas las diligencias necesarias, pertinentes y oportunas para recabar evidencia para el caso". Sin embargo, después de realizar el análisis las autoridades remitieron el expediente al Juzgado Penal con solicitud de sobreseimiento definitivo, petición que fue acogida.
El lunes 18 de marzo de 2019, Rojas fue asesinado de múltiples disparos en su casa Salitre. Ya había sido amenazado previamente debido a su lucha por la recuperación de tierras indígenas. Por esta razón, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado costarricense garantizar la protección de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre.
El pasado viernes, el Sistema Naciones Unidas expresó su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato.
“La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia”, indicó el comunicado de Naciones Unidas.