“No estamos en las condiciones oportunas para implementarlo”: Corte Plena rechaza opción de habilitar teletrabajo internacional
Modalidad requeriría de inversiones adicionales en equipo tecnológico y pólizas, además de representar un riesgo para la ciberseguridad, señalaron expertos
10/11/26 | 15:44pm
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la posibilidad de implementar la modalidad de teletrabajo internacional en el Poder Judicial, al reconocer que, pese a que se trata de una opción habilitada en la normativa vigente, actualmente la entidad no cuenta con las condiciones “oportunas para implementarlo”.
Así lo concluyeron el lunes los magistrados tras escuchar los informes emitidos por distintas direcciones: Jurídica, de Tecnologías de la Información y de Gestión Humana, y en medio de un análisis y discusión que se prolongó durante más de 40 minutos.
En medio del proceso, la magistrada Julia Varela pedía no descartar la opción e implementar un plan piloto para no perder personal, mientras que el magistrado Luis Porfirio Sánchez cuestionó la discusión sobre el tema y la posibilidad de intereses particulares para impulsar el teletrabajo fuera del país.
“No sé si es que alguien anda detrás de esto con algún interés en la institución, pero me preocupa a mí que la Corte esté valorando emitir gastos de forma absolutamente innecesaria”, dijo el funcionario al expresar que aún se tienen aspectos que mejorar con el teletrabajo interno como para pensar en implementar el teletrabajo internacional.
“Aquí yo pregunto, qué interés público, qué interés tiene la institución de tener a sus trabajadores fuera del país”, agregó Sánchez al manifestar su oposición a la modalidad y expresar que la institución tiene otras preocupaciones de mayor impacto y que son directas para el funcionamiento de la entidad a nivel presupuestario.
En detalle
Antes de tomar la decisión de descartar la posibilidad de habilitar la modalidad de teletrabajo internacional en el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Plena escucharon el análisis de los expertos de la entidad.
El director jurídico, Rodrigo Campos, señaló que la modalidad es jurídicamente procedente, pero que si requiere de un análisis de riesgos previo a la toma de decisiones.
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Entre los aspectos que se analizaron se encuentran el tipo de puesto que puede optar por el teletrabajo fuera del país, donde, por ejemplo, se descartaría que un fiscal o fiscala pueda hacerlo por la presencialidad y oralidad que representa su cargo.
Además, se destaca que sería necesario ampliar la cobertura del seguro de extra territoriedad en las pólizas de riesgo de trabajo, lo que representaría un costo adicional.
Otro de los puntos a valorar es el horario laboral dependiendo del país donde se habilite la opción.
“No es lo mismo una persona servidora que va a ser un teletrabajo en México que el uso horario es muy similar al nuestro, a una persona que pueda hacerlo en España o una persona que lo pueda hacer en Japón por qué porque esta persona cuando está trabajando, nosotros vamos a estar durmiendo”, dijo Campos.
Finalmente, el director jurídico del Poder Judicial hizo el llamado de atención del riesgo informático y de ciberseguridad que representa esta opción.
“No es que el Poder Judicial está obligado a implementar esta modalidad, sino que el Poder Judicial podría determinar que no le conviene por el tipo de prestación de servicios que hacemos”, concluyó el funcionario.
Ciberseguridad
Las explicaciones sobre los riesgos de avalar el teletrabajo fuera del país en dicha entidad se ampliaron por parte del director de tecnologías de la información y telecomunicaciones, Martín Hernández.
El experto dijo que se podría habilitar para personas con uso básico de los sistemas informáticos, con embargo, sí representaría un riesgo muy alto la posibilidad de promover que se habiliten accesos VPN (Red Privada Virtual) del Poder Judicial en otros países.
“A nivel de tecnologías y ciberseguridad, hoy día con los constantes ataques que tenemos, el poder habilitar conexiones en el extranjero es ampliar nuestra posibilidad de que seamos atacados y que se materialice alguno de estos riesgos.
“Si se habilita la VPN recuerden que esto debe ser con equipos institucionales entonces el usuario debería llevarse la computadora y el soporte va a depender de los horarios de otro país y quizás no coincidan con nuestros horarios y ante una eventualidad de falla el equipo tendría que regresar al país para darle soporte”, explicó Hernández.
De acuerdo con el director del departamento de tecnología, actualmente la el Poder Judicial tiene deshabilitados el acceso a la VPN desde otros países, medida que responde a recomendaciones de seguridad.
El experto explicó que para habilitar el acceso a la red interna del Poder Judicial en otros países incluso se requerirían inversiones millonarias en la compra de dispositivos especiales para darle seguridad al proceso.
Al análisis del tema se sumó la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta, quien retomó el análisis sobre las coberturas con pólizas de los trabajadores en otros países, en caso de que así se vale.
“La distancia no exime al Poder Judicial de sus responsabilidades patronales”, dijo la funcionaria al señalar que en caso de accidentes se tendría que iniciar un proceso “complicado” donde se incluyen documentos apostillados, certificaciones consulares, traducciones oficiales, entre otros.
“En conclusión, el teletrabajo internacional en el Poder Judicial no constituye un beneficio laboral generalizado, sino una herramienta de gestión excepcional sujeta a una viabilidad técnica jurídica y temporal estrictamente limitada”, dijo Arrieta.
Tras escuchar la opinión de los expertos y los riesgos expuestos, los magistrados tomaron la decisión de enterrar dicha posibilidad.
“Esa es una normativa que establece un derecho, pero es una potestad de la institución si lo va a otorgar, si tenemos las condiciones idóneas, y me parece que no estamos preparados todavía para esta implementación de acuerdo con el criterio técnico de la dirección de gestión humana, la dirección jurídica y la dirección de tecnología de la información.
“¿Les parece que rechacemos la gestión?”, consultó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, quien estuvo a cargo de la sesión durante la discusión de este informe.
Ante la respuesta de los magistrados, se concluyó el tema: “de acuerdo, lo rechazamos porque no estamos en las condiciones oportunas para implementarlo”, agregó Vargas.