Reforma a ley de opciones y naturalizaciones fue avalada en segundo debate
08/08/24 | 16:53pm
En caso de comprobarse la comisión de delitos relacionados con tráfico nacional o internacional de drogas o legitimación de capitales por parte de extranjeros naturalizados costarricenses, estos podrían exponerse a perder la nacionalidad costarricense, tras la aprobación este jueves en segundo debate de una reforma a la ley de opciones y naturalizaciones.
El cambio, impulsado por los diputados liberacionistas Rodrigo Arias y Danny Vargas, aplicaría, a partir de la ratificación del presidente de la República a la decisión de los legisladores, en el artículo 18, al cual se le agregarían dos párrafos.
"Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado tiene o ha tenido procesos penales por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.
Por razones de seguridad nacional, el acto del TSE que ratifique la nulidad de pleno derecho de la carta de naturalización de las personas indicadas en el párrafo anterior no gozará del beneficio de su suspensión ejecutoria en vía jurisdiccional".
Originalmente, el artículo reformado por los diputados en dicha ley faculta al Registro Civil a anular la carta de naturalización a ciudadanos extranjeros que, fraudulentamente, hayan obtenido tal beneficio suministrando datos falsos o por la condena a raíz de delitos como agitación social, político o religioso, estafas, robo, incendio, falsificación de moneda o títulos de crédito.
Así también, cuando se comprobara, judicialmente, que el solicitante ha tenido relación con el tráfico internacional de sustancias estupefacientes, psicotrópicas "inhalantes" o de sustancias químicas destinadas a su fabricación o disolución.
"Con la aprobación del proyecto de ley que impide otorgar la nacionalidad a quienes son perseguidos por narcotráfico, nuestro país no servirá de santuario a quienes se dediquen a esas actividades criminales", indicó Arias.
Esta semana fue aprobada en primer debate la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses requeridos en el exterior por delitos relacionados a narcotráfico y terrorismo.
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