MSP acumula 8.492 ajustes salariales pendientes por ¢2.357 millones; Contraloría advierte riesgo de demandas
Expedientes se acumulan desde 2023 e impactan la liquidación del presupuesto
12/06/26 | 13:02pm
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) acumula 8.492 trámites de ajustes por diferencias salariales pendientes, lo que representa que tiene pendiente el pago de ¢2.357 millones, situación que representa diversos inconvenientes para la entidad: riesgo a demandas, pagos de intereses e impacto en la adecuada liquidación del presupuesto.
Así lo revela un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) al MSP.
Se trata del informe DFOE-GOB-IAC-00001-2026 “Liquidación del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública 2025”, documento complementario que emitió el órgano contralor el pasado 10 de junio de 2026.
Para emitir dichos hallazgos, la CGR fiscalizó la información financiera del ministerio y alerta sobre las debilidades detectadas en cuanto al proceso de remuneraciones “exactas y oportunas” para los funcionarios policiales.
“Durante el proceso de auditoría financiera se identificó que la Administración mantiene en trámite un total de 8.492 trámites de ajuste por diferencias salariales, mantiene en crecimiento el cobro de intereses moratorios y generan demandas por parte de las personas afectadas.
“Asimismo, expone a la institución a riesgos financieros por omitir la revelación de obligaciones por ¢2.357 millones; dicha suma compromete la sostenibilidad a largo plazo y afecta directamente la razonabilidad, integridad y transparencia de la Liquidación Presupuestaria. En última instancia, esta situación, vulnera el pago oportuno de derechos laborales de las personas funcionarias del MSP”, señala la CGR en su informe.
En detalle
La Contraloría llama la atención de las autoridades del MSP al detectar que carece de acciones a corto, mediano y largo plaza que permitan disminuir la cantidad de trámites acumulados de pagos pendientes por diferencias salariales.
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Los datos revelan que del total de trámites de ajustes salariales sin resolver (8.492), el 54% que representan 4.556 son reclamos menores a los ¢60.000.
3.281 expedientes incluyen reclamos de ajuste salarial que van de entre los ¢60.000 y hasta los ¢500.000. Otros 606 expedientes son ajustes pendientes de entre los ¢500.000 y los ¢10 millones.
Finalmente, se registran 51 procesos donde el monto pendiente de pagar por diferencia salarial es superior a los ¢10 millones.
“Esta situación vulnera el pago oportuno de los derechos laborales y materializa riesgos financieros; dado que el incremento continuo de la obligación financiera y la judicialización de los reclamos exponen a la Institución a órdenes de pago masivas”, señala la CGR.
Los expedientes pendientes de resolver registran que en su mayoría (7.522) iniciaron de oficio por parte de la dirección de Recursos Humanos del ministerio; 750 iniciaron tras un reclamo administrativo presentado por personas funcionarias y 220 dieron inicio tras una demanda judicial, estos son casos de demanda contra el ministerio que se mantienen activos.
Los expertos de la Contraloría explican que los trámites de ajuste por diferencias salarias en el MSP nacen por “inconsistencias u omisiones correspondientes a componentes salariales, errores de cálculo, o ajustes retroactivos por ascensos ocurridos en el pago de salarios de periodos anteriores de las personas funcionarias del MSP”, lo que genera la diferencia entre el salario que el funcionario debía recibir y lo que legalmente le correspondía.
Las debilidades señaladas para el Ministerio de Seguridad provocan riesgos importantes en las finanzas de la entidad por pagos de interés moratorios que se puedan registra, reclamos por indexación, transparencia en la información y las demandas en proceso y con posibilidad de que sigan en aumento.
Los trámites señalados en el informe de la CGR se reportan con corte al 31 de diciembre del 2025 y representan pagos pendientes por diferencias salariales que van desde ¢534 a hasta los ¢25 millones.
“Lo anterior evidencia una desproporción en el diseño operativo del proceso, ya que centralizar la gestión de trámites de baja cuantía puede generar un costo administrativo mayor que el mismo pago”, agrega el informe.
Sin plan de acción
La Contraloría llama la atención del ministerio por no atender de manera cronológica los reclamos, permitiendo la acumulación de expedientes desde el 2023, esto debido a que prioriza la atención de otras gestiones administrativas como prevenciones y recursos de amparo.
A esto se suma que la entidad carece de un plan de acciones específicos para atender los trámites pendientes, mantiene procesos manuales prolongados y centraliza procesos de firmas y revisión.
“El retraso continuo en la cancelación de estos derechos laborales impacta negativamente en distintas dimensiones. En primer lugar, se afecta la economía personal y familiar de las personas funcionarias policiales al retrasar la retribución salarial que les corresponde por ley.
“Un segundo ámbito referente a los efectos financieros para la institución, por cuanto la deuda actual de ¢2.357 millones seguirá creciendo por intereses moratorios, los casos pendientes de cálculo, y el incremento de pasivos en los Estados Financieros del Gobierno de la República”, concluye el documento.
El informe de la Contraloría General de la República emite diversas disposiciones al actual ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien deberá presentar a más tardar el 14 de agosto ante la CGR las acciones que se tomarán para atender dicha problemática y avanzar en la resolución de los pagos salariales pendientes tomando en cuenta los riesgos legales y financieros que representan para la institución.