Momentos de “agobio” e “intimidación” al ser detenida, aduce Marta Esquivel en habeas corpus en trámite en la Sala IV

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, dio su versión ante la Sala Constitucional de lo ocurrido el pasado 23 de septiembre desde que se presentó voluntariamente a la sede del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Zeledón hasta que participó de la primera audiencia de medidas cautelares en el II Circuito Judicial de San José, por el caso judicialmente conocido como "Barrenador".

Precisamente en uno de los tres recursos de habeas corpus interpuestos por la funcionaria, tramitado bajo el expediente 24-028484-0007-CO, la funcionaria describe sentimientos de "agobio y "trastorno emocional" por "los ratos en celdas oscuras y en el hacinamiento que se vive y que golpea el ánimo, la salud mental y emocional de ella así como el de toda su familia, incluyendo a sus padres que son personas adultas mayores que sobrepasan los 90 años", de acuerdo con información provista por el departamento de prensa de la Sala IV ante consulta de AmeliaRueda.com.

Esquivel aduce que la "orden de captura" emitida en su contra era innecesaria siendo que hubiese bastado con una "orden de presentación", por cuanto "no tenía el mínimo interés de evadir el proceso que se había instaurado ya en su contra, por lo que, no tenían que haberla perseguido de la forma que lo hicieron.

Asimismo, denuncia el decomiso de sus pasaportes (personal y oficial) por cuanto, en la resolución del 18 de septiembre del 2024 (no indica en el recurso el nombre del despacho que lo emitió), el juez penal no autoriza el secuestro de estos documentos, ni de dinero en efectivo, esto en el allanamiento efectuado en su domicilio.

Por otra parte, reclama que el vehículo de uso institucional no fue allanado ni tampoco las oficinas de la Junta Directiva de la CCSS, así como tampoco la Dirección de Redes (unidad contratante de los servicios tercerizados) ni la Unidad de Contabilidad de Costos, lo que hizo notar el ensañamiento e interés persecutorio en su contra.

Detención y traslado

Esquivel indica ante los magistrados que, al conocer por medios de prensa sobre las diligencias judiciales en su residencia, se comunicó con el fiscal general de la República a fin de que se informara dónde tenía que presentarse; sin embargo, no obtuvo respuesta, y posteriormente le fue decomisado su teléfono celular.

Esto ocurrió al momento en que la funcionaria acude a la sede del OIJ en Pérez Zeledón, donde se le indicó que quedaría detenida para su posterior traslado a San José.

Seguidamente, afirma que le quitaron sus pertenencias, la reseñaron e ingresaron a una celda donde estuvo por al menos una hora, previo a su traslado, momento en el que ni siquiera había desayunado, situación que por su condición de persona prediabética le afectó, pudiendo comer hasta que unas defensoras públicas le entregaron un desayuno.

Explica Esquivel que, al momento de ser trasladada en una “perrera” se le hizo entrega de una bolsa plástica, informándosele que era un hecho que sentiría náuseas en ese vehículo, el cual se trasladó a gran velocidad y en el por momentos se colocaba la sirena, todo bajo una lluvia copiosa.

A ello se suma que necesitaba utilizar el servicio sanitario y no había forma de comunicarse ni con el chofer ni el custodio, al tiempo que durante el recorrido venía golpeándose en las paredes de la unidad de transporte judicial para el traslado de personas detenidas.

De regreso a San José

Al ser ingresada pasado el mediodía a la sede del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea, Esquivel afirma haber esperado por más de tres horas hasta ser llevada a la Fiscalía donde, tras conocer los hechos por los que se le investiga y declarar, llevaron otro expediente sobre un delito de peculado, lo que conllevó una nueva indagatoria que "no era urgente y sin lugar a dudas su finalidad era seguir con la estrategia de intimidación".

Añade que, pese a que el Ministerio Público conocía que no iba a solicitar la prisión preventiva contra ella y los demás encartados, los hicieron pasar toda la noche "aun cuando cuatro de ellos son adultos mayores con requerimientos de medicinas y obviamente afectados por un proceso grosero, excesivo y desproporcionado que se tramitó en su contra".

Para el martes 24 de septiembre, el Ministerio Público en la segunda jornada de audiencia, "en lugar de hacer un resumen de los hechos se tomó todo el tiempo para leer nuevamente los más de 50 hechos con la única finalidad de dejarlos una noche más en celdas", estimando que la pretensión de la Fiscalía era "golpear su ánimo como funcionaria pública de alto nivel del Poder Ejecutivo y propiciar una renuncia que desataría un escándalo público".

En horas de la noche, Esquivel y los otros imputados en el caso tramitado bajo el expediente 24-000267-1218-PE fueron puestos en libertad por el Juzgado de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, con el compromiso de acudir el miércoles 25 para continuar con la audiencia de solicitud de medidas cautelares.

Esta diligencia concluyó el lunes 30 de septiembre, para posteriormente conocerse el 10 de octubre la resolución del juez, quien determinó la suspensión por seis meses de su cargo en contra de la presidenta ejecutiva, así como de la gerente general de la CCSS, cubriendo además la medida a los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Junta Directiva habría autorizado una contratación con sobreprecio por alrededor de ¢12 mil millones a cooperativas de salud para administrar por un periodo de diez años un total de 132 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais).

El pasado miércoles, el gobierno de la República confirmó que hasta tanto los tres recursos de habeas corpus presentados por Esquivel sean resueltos por la Sala Constitucional, se estaría considerando una eventual sustitución temporal de la alta funcionaria de la CCSS.

Entre tanto, la Asamblea Legislativa conformó una Comisión Especial Investigadora de estos y otros casos relacionados con la CCSS, entre ellos la gestión de las listas de espera, foro en el que se aprobó una moción para llamar a comparecer al mandatario Chaves, ante lo cual la fracción opositora indicó que presentará una moción de revisión.