Ministerio de Hacienda debe girar en un mes ¢62 mil millones a Fodesaf, ordena Sala IV
Los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por los diputados del Frente Amplio
01/08/24 | 09:46am
Por unanimidad, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por los diputados del Frente Amplio y ordenó al Ministerio de Hacienda que transfiera la totalidad de los fondos asignados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Esto después de que se le asignaran ¢62 mil millones menos de lo estipulado en el Presupuesto Ordinario de la República.
En el recurso de amparo, los legisladores argumentaron que, de acuerdo con el artículo 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Fodesaf debe recibir un monto mínimo de ¢255.583 millones. Sin embargo, en el Presupuesto Ordinario de la República, el Ministerio de Hacienda había asignado únicamente ¢192.452 millones, lo que generó un déficit de ¢62.130 millones, un 20% menos.
La Sala Constitucional indicó que esta omisión en la asignación de recursos "afecta gravemente los derechos fundamentales de los beneficiarios" de los programas de Fodesaf, muchos de los cuales son niños, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Según los magistrados, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con la transferencia completa del 20% de lo recaudado por el Impuesto General sobre las Ventas, como lo estipulan los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 5662.
Además, el tribunal señaló que esta situación contraviene el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige una protección especial para los programas sociales. "La falta de cumplimiento de esta obligación amenaza el acceso a servicios esenciales para las poblaciones más necesitadas, debilitando los programas destinados a garantizar el bienestar social", se lee en el fallo del Tribunal.
La Sala Constitucional dio un mes Ministerio de Hacienda para que transfiera los fondos completos a Fodesaf, conforme a lo estipulado en la Ley de Presupuesto. Asimismo, se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, cuyo monto se determinará en una futura ejecución de sentencia.