
El área fue declarada como sitio protegido en 1994, pero 32 años después carece de un Plan General de Manejo, alegó abogado que acudió al Tribunal Constituional
01/09/26 | 10:02am
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) elaborar, en un plazo máximo de 12 meses, el Plan General de Manejo del Humedal Marino de Playa Blanca, en Garabito de Puntarenas.
La decisión, dictada el 27 de agosto, se tomó luego de que el abogado Walter Brenes presentara un recurso de amparo cuestionando la ausencia de este instrumento para un área silvestre protegida que fue declarada como tal hace más de tres décadas.

La sentencia, correspondiente al expediente 26-027108-0007-CO, declaró con lugar el recurso y ordenó a las autoridades ambientales “coordinar y disponer todas las actuaciones” necesarias para emitir el plan dentro de los 12 meses posteriores a la notificación del fallo.
El Humedal Marino de Playa Blanca, situado al suroeste de Punta Leona, en Puntarenas, fue declarado área silvestre protegida mediante el Decreto Ejecutivo 23127-MIRENEM, del 7 de abril de 1994, y su administración quedó a cargo del SINAC, específicamente del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac).
Sin embargo, 32 años después de su declaratoria, el sitio todavía no cuenta con un Plan General de Manejo aprobado y vigente.
En su resolución, la Sala IV señaló que las propias autoridades ambientales reconocieron la inexistencia del plan y explicaron que se había intentado iniciar su elaboración al menos en dos ocasiones, pero que no se habían logrado consolidar los recursos financieros.
El Sinac también alegó que durante los últimos años sus recursos presupuestarios debieron concentrarse en gastos operativos esenciales y en otras necesidades prioritarias de las áreas protegidas.
Para la Sala, esas razones no justifican una inacción que se ha prolongado durante más de tres décadas.
El Tribunal enfatizó que el Plan General de Manejo es un instrumento fundamental para orientar la gestión de un área protegida, pues permite establecer objetivos de conservación, actualizar la información biológica, geográfica y socioambiental, identificar amenazas, definir la zonificación y establecer acciones de vigilancia, restauración, monitoreo y participación ciudadana.
“No es aceptable que la Administración durante más de tres décadas no lo haya expedido por más complejidad que signifique su elaboración”, señaló la Sala.
Los magistrados también rechazaron el argumento de que actualmente no existan registros recientes de actividades ilegales dentro del humedal que hagan urgente la elaboración del plan.
La Sala recordó que en materia ambiental debe prevalecer una actuación preventiva, porque cuando el daño ambiental ya ocurrió, una respuesta posterior puede resultar insuficiente para compensar sus consecuencias.
La Sala fundamentó su decisión principalmente en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, relacionados con la protección de la vida y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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