Migrantes traídos por EEUU “tienen total libertad para moverse”, dice director de Migración tras reciente fallo de Sala IV

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, afirmó que los derechos fundamentales de las personas migrantes que arribaron desde Estados Unidos en febrero anterior han sido respetados desde el primer día, teniendo "total libertad para moverse" en el territorio nacional y a quienes se les ha otorgado una categoría migratoria regular.

El funcionario respondió de esta manera ante consulta de AmeliaRueda.com en torno al voto de la Sala Constitucional 2025-19485 emitido el martes, en el cual se condenó al Estado al acogerse parcialmente un recurso de habeas corpus presentado en favor de ciudadanos de varias nacionalidades deportados por la administración Trump y recibidos en el país.

Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería

El funcionario confirmó que a la fecha se mantienen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en Paso Canoas un total de 28 personas migrantes provenientes de EEUU, de las cuales 15 son adultos y 13 personas menores de edad, a las cuales se les brindan servicios médicos, de asistencia migratoria y legal.

En el recurso de habeas corpus, tramitado bajo el número 25-006713-0007-CO, el recurrente alegó privación de libertad en contra de las personas migrantes provenientes de EEUU, remoción de documentos de identidad, limitación de contacto con el exterior, imposibilidad de regularizar su estatus migratorio y no informárseles adecuadamente de su situación.

Ante ello, en votación parcial (los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garro Vargas salvaron el voto) la Sala ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería definirle a cada uno de los migrantes su estatus migratorio y ponerlos en libertad en no más de 15 días naturales a la notificación de la sentencia.

Asimismo, se instruye coordinar con las entidades públicas pertinentes valorar la situación de cada una de las personas con la finalidad de determinar el tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y de tipo social que requieren por parte del Estado.

En este contexto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la semana anterior que durante los primeros cuatro meses del año un promedio mensual de 4.315 personas refugiadas y solicitantes de asilo ha accedido al seguro de salud.