
Iniciativa establece concurso público y mayoría calificada
30/06/26 | 16:47pm
La diputada oficialista Marta Esquivel presentó este martes un proyecto de ley donde promueve que la elección del fiscal general esté a cargo de los diputados de la Asamblea Legislativa y no en manos de los magistrados de la Corte Plena.
El expediente 25.634 llamado “Ley de fortalecimiento de la transparencia y el control democrático del Ministerio Público”, promueve cambios en el mecanismo de elección del fiscal general y el fiscal subrogante.
Se propone trasladar el proceso al Congreso.
“El proceso se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición, tramitado por la Comisión de Nombramientos del Congreso. El período de gestión será de cuatro años, con una posibilidad única de reelección”, señala el texto presentado donde se explica que el nombramiento requerirá de mayoría calificada, es decir, 38 votos.
El documento señala requisitos para el cargo como ser costarricense de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, abogado incorporado al colegio respectivo con al menos 10 años de ejercicio, poseer atestados de probidad y solvencia moral y no haber militado ni pertenecido a partidos políticos durante los últimos 10 años.
“Costa Rica necesita una fiscalía que, además de ser independiente, sea transparente, rinda cuentas y responda al interés público. Con esta iniciativa buscamos fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público mediante una elección abierta, reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión, para que una institución con tanto poder actúe siempre al servicio del pueblo de Costa Rica y no de intereses particulares”, dijo la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel.
El proyecto de ley presentado incluye en el texto causales de destitución, procedimiento de remoción y la obligación que tendrían los funcionarios en el cargo de rendir cuentas ante el Plenario una vez al año.
El texto detalla como causales de destitución:
La legisladora aseguró que el proyecto “no pretende politizar la justicia, sino dotarla de legitimidad democrática y establecer un mecanismo robusto de rendición de cuentas, obligando a la fiscalía a informar anualmente el cumplimiento de sus políticas de persecución penal”.
La propuesta de la diputada oficialista se presenta a poco más de tres meses de que venza el nombramiento del actual fiscal general, Carlo Díaz, quien ha sido blanco de múltiples ataques por parte del Poder Ejecutivo desde la Administración anterior.
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