Investigación contra Marta Esquivel por caso Barrenador tomará otro rumbo: jerarca ahora tiene inmunidad y solo podrá ser investigada por el fiscal general

Marta Esquivel, quien fue anunciada este miércoles como la nueva ministra de Planificación y Política Económica de Costa Rica por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, no formará parte del proceso de investigación que sigue la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por el llamado "Caso Barrenador".

Esquivel, quien fue suspendida de la presidencia de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) como medida cautelar a petición de la Fiscalía, ahora tiene inmunidad al ser miembro de los Supremos Poderes.

Mientras ocupe el cargo, se le podría levantar la inmunidad  tras un largo proceso y ocuparía que así lo decidan dos terceras partes del Plenario de la Asamblea Legislativa. Lo anterior en el supuesto de que la Fiscalía General de la República, tras elaborar un testimonio de piezas con base en el expediente original, considere contar con los elementos suficientes para presentar una acusación formal contra ella.

El caso sería conocido por la Sala III, desde donde se debe elaborar un informe respecto del cumplimiento de requisitos de la acusación previamente estudiada, el cual luego debe ser remitido a la Corte Plena y desde allí hasta la Asamblea Legislativa, en caso de que los magistrados avalen su traslado.

En ese Poder de la República, lo remitido por el órgano judicial sería asignado a una comisión que tendría a su cargo el análisis del caso y la elaboración de un informe al Plenario para aprobarse o declinarse el levantamiento de la inmunidad.

En caso de contarse con la venia para levantar la inmunidad, el Fiscal General indaga a la persona imputada, para dar paso al arranque del juicio correspondiente.

"Lo que es esperable es que la Fiscalía General coordine la investigación contra doña Marta con la FAPTA para llevar la investigación de manera paralela y que permita en el momento en que ésta concluya formular actos conclusivos al mismo tiempo y coherentes entre ellos tanto en el proceso ordinario como en el de juzgamiento de miembros de supremos poderes", explicó Ewald Acuña, abogado penalista, a AmeliaRueda.com.

Con la decisión del gobernante, además quedará sin efecto la medida de suspensión como presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) interpuesta por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública.

Tanto a Esquivel como a los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez, así como la gerente general de la institución, María de los Ángeles Gutiérrez, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública les impuso el pasado 10 de octubre la suspensión de sus cargos por seis meses como medida cautelar, tras acoger la solicitud de la FAPTA.

Poco más de un mes después, el Gobierno nombró a Laura Ávila como presidenta ejecutiva de la CCSS, quien este miércoles fue sustituida Mónica Taylor, asesora del despacho del presidente Chaves.