
Resolución precisa que la restricción se limita a proyectos que utilicen la figura de compensación de densidades
06/05/26 | 09:42am
El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, emitió este miércoles una aclaración del alcance de la medida cautelar que suspendió la tala de más de 700 árboles en playa Panamá, en Guanacaste, y que también estableció restricciones sobre permisos de construcción en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
La precisión surge luego de consultas sobre el impacto de la resolución dictada el pasado 17 de abril, en el marco de una acción de inconstitucionalidad que cuestiona normativa aplicada en esa zona.
Según indicó el magistrado instructor por medio de un comunicado, la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de construcción y de modificaciones de densidad no es generalizada, sino que aplica únicamente en aquellos casos en que se ha utilizado o se pretende aplicar la figura de compensación de densidades y coberturas prevista en el decreto ejecutivo impugnado.
De esta forma, la medida cautelar no implica un freno total a todos los proyectos turísticos o constructivos en Papagayo, aclaró el alto juez.
La resolución original también ordenó una moratoria en el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el contexto de desarrollos hoteleros, así como la suspensión de actos administrativos vinculados con estos proyectos por parte de instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el marco de la normativa cuestionada.
El caso se relaciona con el proyecto turístico Bahía Papagayo, impulsado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A., cuyo avance quedó en pausa tras el aval previo otorgado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). La iniciativa ha generado controversia, incluyendo una investigación penal en curso por presunto cambio de uso de suelo.

La medida cautelar fue adoptada con el objetivo de prevenir posibles daños graves e irreparables al ambiente mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo de la acción de inconstitucionalidad.
La medida generó preocupación en el sector construcción y hotelero, que había advertido sobre el impacto de una eventual paralización total en la zona, considerada estratégica para el desarrollo turístico del país.
El pasado 22 de abril, el presidente Rodrigo Chaves y su sucesora, Laura Fernández, también cuestionaron la medida dictada por Cruz.
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