Oficio de auditoría interna dio plazo hasta el pasado 31 de diciembre a la administración para remitir informes sobre acciones tomadas en relación con casos puntuales
10/01/25 | 17:46pm
La extensión de unos 94 kilómetros de costa que bordea el cantón de Santa Cruz de Guanacaste en donde se ubican algunas de las playas más concurridas del país como Tamarindo, Conchal, Avellanas y Flamingo, entre otras; así como la falta de personal generan un desafío en el control de la invasión en la zona marítimo-terrestre en el lugar.
Así lo admitió el alcalde de este municipio, Jorge Alfaro, este viernes en el programa Nuestra Voz, a propósito de un informe de auditoría interna emitido en noviembre anterior que previene a la administración y al Concejo Municipal de la invasión de espacios públicos con infraestructura física, mobiliario y hasta divisiones con vegetación.
"Es un tema de no acabar que desde la misma Municipalidad, en administraciones anteriores, se ha alcahueteado muchas cosas en cuanto a la zona marítimo-terrestre y zona restringida. Nosotros estamos tomando acciones para poder mitigar y eliminar todas estas invasiones que estamos teniendo", indicó Alfaro.
En ese sentido, el funcionario aclaró que las acciones ejecutadas obedecen lo dictado por la ley, negando que se ejerzan abusos de autoridad en cuanto a la remoción de obstáculos que se puedan evidenciar en las áreas de tránsito libre. Además, indicó que se hacen prevenciones para que los presuntos infractores tomen las acciones necesarias antes de proceder con alguna demolición o remoción.
Jorge Alfaro, alcalde de Santa Cruz
El alcalde enfatizó además en que a lo largo del tiempo se ha creado una especie de "status quo" respecto a la permanencia de extensiones de bares y restaurantes en la playa, sin embargo, lo anterior no exime de que deba aplicar el ordenamiento jurídico correspondiente a este tipo de controles.
"Yo entiendo a los dueños de negocios, pero en este caso ya hay una orden; fue emitido un informe por parte del auditor, aprobado por el Concejo Municipal y me están dando los tiempos de ejecución de las disposiciones", justificó Alfaro.
En el oficio el oficio AIM-127-2024 firmado por el Auditor Interno, Luis Bernardo Barrantes, se dio como fecha máxima el pasado 31 de diciembre para trasladar copia a ese despacho de las resoluciones administrativas o evidencias relacionadas a los casos.
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