
Impulsan contrato del servicio por 10 años; BCR deberá participar para mantenerse en el mercado
10/04/26 | 09:56am
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició el proceso de licitación para “transformar” el servicio de licencias de conducir en el país, lo que establece que la misma entidad bancaria que actualmente ofrece el servicio en monopolio (BCR) deberá participar para mantenerse activa o incluso podría quedar fuera.
Se trata de la licitación 2026LY-000001-0012400001: “Contratación de Servicios para la transformación digital de los servicios de emisión de licencia de conducir digital y física y prueba de manejo teórica digital”.
El proceso inició en marzo y ya cuenta con la petición de siete aclaraciones sobre el proceso de licitación, pliego de condiciones y tarifario por parte de los interesados, entre ellos el Banco de Costa Rica, Racsa, Correos de Costa Rica, G. E. T. Secure ID Corp, GSI S. A. y el Consorcio STC S. A.
Las mismas empresas también presentaron objeciones al cartel en la Contraloría General de la República (CGR), las cuales están en análisis.
“La ejecución del contrato establece un plazo de un año para la implementación total, período en el cual no se permitirán puestas en producción parciales hasta que se superen satisfactoriamente todas las pruebas de concepto y de aceptación de usuario, lo cual, se dará por cumplido con el aval de la Unidad Fiscalizadora del contrato con el visto bueno del fiscalizador tecnológico.
“Financieramente, el modelo se basa en el pago de una tarifa por resultado, donde el adjudicatario debe realizar la inversión inicial (CAPEX) y cubrir los costos operativos (OPEX), recuperando su inversión gradualmente a través de los trámites realizados, sujeto a un estricto régimen de penalidades por incumplimiento de los niveles de servicio”, señala el cartel de licitación publicado por el MOTP.
El MOPT afirmó que por el momento no es posible determinar cuánto vayan a aumentar los costos de los servicios de licencia, ya que se requiere primero empezar a recibir ofertas y analizar las propuestas.
Para la confección del cartel de licitación se realizó un estudio de mercado que estableció diversos posibles costos de los servicios que se esperan brindar.
Dicho análisis determinó que el costo de la licencia digital podría rondar entre los $5 y $6; sin embargo, todos los montos y cálculos se concretaran con el avance del proceso y presentación de ofertas.

La intención de las autoridades es implementar una mejora en los servicios de licencia de conducir, los cuales actualmente se encuentran a cargo del BCR, entidad financiera que deberá participar del proceso para mantenerse activo en el mercado.
La posibilidad de que otras empresas lleguen a ofrecer el servicio de emisión de licencias en el país es posible tras la firma de un convenio en mayo 2023 que quitó la exclusividad el BCR y permitió avanzar con la contratación en curso.
Ahora, se promueve por parte del MOPT una contratación integral y se busca a una empresa que ofrezca el servicio de impresión de licencias de conducir (físicas y digitales), la mejora en la seguridad del documento y la aplicación virtual de las pruebas teóricas de manejo; esto por un período de 10 años con posibilidad de prórroga.
En detalle, la contratación pide:
“Un aspecto crítico es que, aunque el proveedor opera la plataforma, la custodia y residencia de las bases de datos permanecerá bajo control exclusivo de la Administración”, señala el cartel.
El MOPT espera que la adjudicación de este contrato, una vez superada la etapa de objeciones y aclaraciones al cartel, pueda darse este mismo año, lo que permitiría la transformación del servicio de licencias y la implementación de los nuevos servicios para el 2027.
“Durante los 10 años de vigencia del contrato incluyendo 1 año para la implementación total el adjudicatario deberá garantizar la operación continua, disponible, segura, interoperable y auditada de todos los módulos funcionales, infraestructura, aplicaciones, integraciones, flujos operativos y procesos vinculados a los servicios contratados, sin trasladar a la Administración obligaciones de operación técnica o gestión de plataforma”, explica el documento.
El propósito del contrato es implementar la tecnología en el servicio, modernizar los procesos, reducir riesgos de frauda y mejorar la accesibilidad.
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