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Imagen ilustrativa. Crédito: Presidencia de la República

Juzgado anula despido “sin justa causa” de dos funcionarios que denunciaron presuntos actos de corrupción en Bomberos

Ya son seis los funcionarios que las autoridades judiciales ordenan reinstalar en su cargo

27/10/25 | 10:02am

El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José ordenó al Benemérito Cuerpo de Bomberos la reinstalación en sus puestos de trabajo a dos funcionarios que fueron despedidos “sin justa causa”.

Se trata de un bombero de apellido Ureña y otro Alvarado, quienes fueron cesados en 2024 tras denunciar aparentes actos de corrupción dentro de la entidad, según consta en la sentencia No. 2025002448 del pasado 24 de octubre, de la cual este medio tiene copia.

Con esta resolución, ya suman seis de 11 los exfuncionarios quienes han ganado el pulso en sede judicial contra la institución benemérita, de la cual fueron cesados con fundamento en el artículo 123 de la Convención Colectiva que autoriza a la institución realizar despidos sin causa justa.

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Según se narra en la resolución, los afectados afirman haber sido despedidos tras realizar una serie de denuncias y participar como testigos en contra de jerarcas del Cuerpo de Bomberos a raíz de presuntos actos de corrupción.

"Afirman que pusieron en conocimiento los actos de corrupción a la señora Mónica Araya, entonces presidenta del INS para que se pusieran en conocimiento del Consejo Directivo de Bomberos y ante la Fiscalía del Poder Judicial (...) dice el texto.

Asimismo, argumentaron que en atención a la ley No. 10.437 (ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción) gozaban de un fuero de protección, siendo que la norma prohíbe las represalias laborales como el despido para las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción.

Tras la resolución judicial, Bomberos deberá también pagar los salarios caídos y extremos laborales proporcionales al tiempo en que estuvieron cesados, así como la suma a cada uno de ¢3 millones más intereses por daño moral, cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 25% del total de las costas del proceso.

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En abril del año anterior más de un centenar de funcionarios también fueron despedidos bajo la justificación de la Convención Colectiva, acciones que han sido recurridas tanto en sede judicial como también investigadas por la Comisión Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

El caso de los dos funcionarios se tramitó bajo el expediente No. 24-001122-0166-LA-3.

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