Jueza y abogado son sobreseídos en demanda impulsada por magistrado denunciado por presunto acoso sexual

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró desistimiento de una querella presentada en contra de la jueza Silvia Arce Meneses y el abogado Gerardo Rucavado Rodríguez por el magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, al tiempo que se ordenó el sobreseimiento definitivo en contra de los letrados.

De acuerdo con los jueces Mercedes Muñoz, Melissa García y José A. González, el promotor de la demanda y su representación legal no cumplieron en tiempo con numerosas prevenciones hechas por la administración de justicia en varias etapas del proceso, en virtud de lo cual se declaró extinta.

Según se lee en la resolución No. 445-2025 del pasado lunes 21 de julio, y de la cual AmeliaRueda.com tiene copia, el querellante además fue condenado al pago de las costas del proceso, fijadas en un total de ¢181.500.

La acción penal fue impulsada por Sánchez el pasado 27 de agosto cuando demandó a Arce y Rucavado por el presunto delito de difamación. 

De acuerdo con el escrito del magistrado, del cual también se tiene copia, la motivación se originó a partir de una publicación hecha por Rucavado el 20 de agosto en el medio digital Delfino.cr titulada "Magistrado Porfirio Sánchez, una reelección inaceptable".

En el texto detalló que era de su conocimiento un acto sexual injurioso cometido presuntamente por Sánchez contra una mujer, sin que se haya interpuesto una denuncia por los hechos y que dicha acción estaría prescrita.

Cinco días más tarde, en el mismo medio de comunicación Rucavado Rodríguez publica otro artículo titulado "El descargo del magistrado Sánchez Rodríguez", emitiendo declaraciones sobre la inexistencia de una acusación en su contra, pero que los hechos descritos son probatorios y creíbles para el autor.

El 26 de agosto, Arce Meneses revela en el medio La Nación que ella es la funcionaria judicial aludida por Rucavado Rodríguez, sufriendo un aparente acto obsceno no consentido en el año 2000 en la oficina de Sánchez ubicada en el tercer piso de los Tribunales de Goicoechea, reafirmando como verdad lo expresado por Rucavado Rodríguez en el medio de prensa digital.

Tales aseveraciones se gestaron en medio de la campaña de Sánchez por ser reelecto como magistrado de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, hecho que se consumó el pasado 2 de septiembre cuando en una votación divida 25 a 25 fue ratificado por la Asamblea Legislativa para ocupar este cargo por un nuevo periodo de ocho años.

Inacción

En el considerando de la resolución del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, "los plazos que rigen este procedimiento" (tramitado bajo el expediente 24-000097-016-PE) "en el caso que nos ocupa se encuentran sobradamente vencidos".

Tras admitirse y darse curso a la querella el 30 de octubre del 2024, Sánchez solicitó que la notificación fuera realizada por un notario público, lo cual fue autorizado, siendo que la diligencia fue hecha hasta el 26 de febrero de este año, es decir, cuatro meses después, pese a varias prevenciones del Tribunal.

En este contexto, los querellados se apersonaron voluntariamente para ser notificados en la sede judicial ese mismo día, momento en que finalmente la parte querellante les notificó cuando ya se encontraban apersonados al proceso.

"La inercia del director de la querella no puede ser usada para justificar la 'actividad' del proceso', sino que además la presentación voluntaria de los querellados a este despacho también ocurre cuando ya se encuentran vencidos los plazos para el director de la querella. En virtud de lo expuesto, se tiene por desistida la querella y acción civil resarcitoria presentada", indican los jueces.

Este medio envió un correo electrónico a José Miguel Villalobos, quien figuró en la causa como abogado defensor de Porfirio Sánchez, a fin de solicitar una posición ante lo dictado por el Tribunal, indicando que "la resolución no tiene que ver con el fondo del caso y será recurrida".

Por su parte, la jueza Sánchez indicó que "quedó evidenciado que el funcionario querellante sólo actuó para asegurar su reelección, no le interesaba que se determinara la verdad en un juicio. Tampoco a la Corte Plena le interesó abrir la investigación administrativa que yo promoví, para que se estableciera si él cometió o no los hechos denunciados".